MARTA FONTÁN
Tras múltiples desencuentros entre Xunta y Concello, la Cidade da Xustiza parece ir ya por buen camino. Pero aún tardará en ser una realidad. El futuro edificio no estará en pie al menos hasta 2013, ya que los plazos que manejan ambas administraciones para llevar a cabo el proceso de expropiación de los terrenos y ejecutar posteriormente las obras suman casi cuatro años. Un largo período del tiempo para el que ya se ha buscado una solución alternativa: llevar el Registro Civil a un inmueble del centro de la ciudad para ganar espacio en las actuales instalaciones judiciales de la calle Lalín para albergar los nuevos juzgados que se vayan creando. Al respecto, el conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, garantizó ayer en Vigo que este traslado se realizará en 2010 y que se buscará un edificio idóneo para ubicar esta oficina. Para el próximo año también anunció la puesta en marcha en los juzgados vigueses del servicio de mediación familiar, que permitirá que no se judicialicen determinados asuntos relacionados con las rupturas matrimoniales y que ya funciona en Santiago de Compostela.
Las manifestaciones de Rueda se produjeron con motivo de su visita a Vigo para mantener una entrevista con el juez decano, Germán Serrano, y examinar las obras que se están realizando en el ático del viejo edificio judicial para ubicar la esperada Sala de lo Mercantil, que comenzará a funcionar el próximo 30 de diciembre. Allí coincidió con el alcalde vigués, Abel Caballero, con quien intercambió impresiones sobre varios temas, entre ellos la Cidade da Xustiza. En declaraciones a los periodistas, el conselleiro se refirió al futuro y necesario edificio como uno de los proyectos más importantes para Vigo y garantizó que, una vez esté construido, dará respuesta a las necesidades judiciales de la ciudad olívica durante un período de "15 o 20 años".
¿Y cuándo será una realidad? Para esta pregunta aún no hay respuesta, aunque los plazos que se barajaron ayer para llevar a cabo todas las fases de la Cidade da Xustiza suman casi cuatro años. Rueda recordó que Caballero ya se comprometió a poner a disposición de la Xunta la parcela necesaria para hacer la obra –algo que agradeció– y que cuando esto sea así "no se va a perder ni un minuto en trámites administrativos". "El proyecto se licitará al día siguiente de tener los terrenos", señaló, para añadir que los trabajos, para los que ya se dispone de un presupuesto de quince millones de euros, tienen un plazo de ejecución de entre dos años y dos años y medio. Antes de empezar estas obras habrá que esperar un período de un año y "varios meses", que es, según el alcalde, lo que se tardará en completar el proceso de expropiación de las parcelas sobre las que se alzará la Cidade da Xustiza. En torno a este proyecto, el regidor ofreció ayer una imagen de sintonía con Rueda. "Le enseñé la zona que vamos a expropiar –desde la terraza del Juzgado Mercantil– y el procedimiento que estamos siguiendo", refirió Caballero, que indicó que será el Ayuntamiento quien pagará las expropiaciones. El desacuerdo en relación con este punto fue, precisamente, uno de los motivos que provocó los pasados desencuentros entre ambas administraciones.
Otro de los temas que se abordaron con motivo de la visita de Rueda –que estaba acompañado, entre otros, por la delegada de la Xunta Lucía Molares– fuela necesidad de trasladar el Registro Civil al centro de la ciudad, una "ubicación transitoria" hasta que se construya la Cidade da Xustiza. El conselleiro explicó que es lo "más aconsejable" para ganar espacio en la calle Lalín –recordó que el próximo año se creará un nuevo juzgado para el que ya no hay sitio– y garantizó que se buscará un edificio idóneo. Al respecto, el alcalde vigués ya ofreció el edificio del antiguo rectorado para situar este servicio y la propia Xunta mostró su interés por la zona del Casco Vello. Sobre el juzgado civil propuesto para el año que viene, el conselleiro aclaró que corresponde al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia decidir el destino que tendrá. Al respecto, la junta de jueces de Vigo acordó esta misma semana que la prioridad es una sala de Primera Instancia sin especializar por el aumento de casos debido a la crisis.