Afectados por el hospital denuncian que sólo el 10% de los terrenos figura con el nombre real de sus dueños

MARÍA LÓPEZ Tras meses en continua incertidumbre, sin recibir comunicación oficial alguna sobre el nuevo hospital de Vigo, los afectados por la construcción de este complejo hospitalario han comenzado a recibir las notificaciones por parte de la Consellería de Sanidade. Pero no como ellos quisieran. La comisión de afectados que representa la abogada Fina Barros denuncia que el 90 por ciento de los propietarios “no aparecen en la relación de dueños publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG)”.
La representante legal de los expropiados anuncia que ya están preparando alegaciones para que la Xunta les tenga en cuenta en el proceso expropiatorio. “Estamos haciendo un escrito con el objetivo de que el Gobierno gallego nos tenga como parte y pueda pagar a los propietarios reales. No sabemos a quiénes está enviando las cartas porque de nuestra comisión sólo tengo constancia de que le haya llegado a cinco personas”, añade.
“Esto es una auténtica tomadura de pelo y los vecinos están muy cabreados”, señala Fina Barros, quien atribuye los errores en la identificación de propietarios a la información recogida en el catastro. “Uno de los afectados, que heredó una finca de su padre, fallecido hace diez años, tuvo que pagar en concepto de Impuesto de Sucesiones 35 euros el metro cuadrado, y ahora la Xunta pretende abonarle 15 euros por metro. No es justo”, explica Barros.
La cuantía establecida por la Consellería de Sanidade para los titulares de las fincas (los de las siete viviendas y negocios afectados se negocian individualmente) es calificada por los vecinos de Beade y Valladares como “ridícula”, puesto que es cuatro veces inferior a la solicitada por los afectados. Ellos se basan en las cantidades pagadas en las expropiaciones para la construcción del segundo cinturón, cifradas en 60 euros por metro cuadrado.

Jurado de Expropiación

Una parte de los 400 propietarios de parcelas que ocupará el cuarto hospital (una de las dos comisiones de afectados existentes) cada vez tiene más claro acudir al Jurado de Expropiación Provincial debido a la “baja tasación realizada por la Xunta”. “No podemos aceptar esas cantidades”, manifiesta la abogada Fina Barros. Los vecinos a los que representa exigen una indemnización mayor por la expropiación de sus terrenos. Por ahora, la Consellería de Sanidade reservó una partida este año de 7,4 millones de euros para compensar a los afectados.
Por otra parte, en relación al debate generado por el sistema de financiación del hospital, una parte importante de los vecinos está dispuesta a “luchar por que tanto la procedencia de los fondos como la gestión sea íntegramente pública”. La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, y recientemente, la delegada de la Xunta en Vigo, Lucía Molares, lanzaron varios mensajes tranquilizadores a la población asegurando que “la gestión de los servicios sanitarios será totalmente pública y se garantizará la asistencia de calidad a todos los ciudadanos del área de Vigo”.