Los funcionarios se oponen al traslado del Registro Civil fuera de los juzgados

REDACCIÓN La Junta de Personal de Pontevedra rechaza el traslado del Registro Civil de su actual sede en el edificio de los juzgados a una ubicación en el centro de la ciudad. De ejecutarse el cambio previsto, los sindicatos CC OO, UGT, CSIF, CIG y USO advierten de "serios perjuicios" para los ciudadanos, profesionales, fiscales, forenses, servicios funerarios y funcionarios judiciales.
El colectivo es consciente de la falta de espacio en los inmuebles de la calle Lalín y de que "la Ciudad de la Justicia llegará, muy a nuestro pesar –señalan– a medio o largo plazo", pero pese a este impedimento en su trabajo diario resaltan que se trata de un órgano cuyo funcionamiento está íntimamente ligado a los juzgados y a organismos públicos ubicados en las inmediaciones de su actual sede.
La Junta de Personal alude a "razones de orden práctico" para desaconsejar su traslado y avisan de que los daños alcanzarán a los distintos agentes que operan con el Registro, incluidos los ciudadanos, además de a su propio funcionamiento interno. Ponen como ejemplo de situaciones en las que se recurre al Registro Civil vecinos que necesitan copia de sentencia de separación o divorcio y tienen que localizar el juzgado que tramitó su caso. Otra de las inconveniencias que advierten es su separación tanto de la Tesorería General de la Seguridad Social ubicada en las dotaciones de la calle Lalín como del INSS o Hacienda, organismos que exigen certificaciones de nacimiento, matrimonio o fe de vida o estado que actualmente "se obtienen de forma rápica y cómoda en las cercanías", sostienen. Los profesionales tampoco se olvidan de la intervención de la Fiscalía en los expedientes del Registro Civil o de la necesidad de trasladar los lunes a su archivo las declaraciones de defunción que recoge el juzgado de guardia los fines de semana, como otras de las circunstancias que aconsejan su actual emplazamiento.