Docentes rechazan que se revise la custodia de dos menores por educarlas en gallego

A. M. El profesorado de la provincia considera intolerable que un juzgado madrileño amenace con retirar a una madre de Vigo la custodia de sus dos hijas por escolarizarlas en la enseñanza pública compartiendo gallego y castellano. En su pleno del miércoles, la Junta de Personal Docente de Pontevedra emitió una resolución en la que "suspenden" al magistrado del juzgado número 6 de Alcorcón encargado del caso y lo acusan de actuar en contra de los dictámenes de la Constitución y del Estatuto de Autonomía gallego.
El colectivo, que representa a más de 11.000 docentes, aprobó por amplia mayoría un texto en el que tildan de "muy deficiente" la actitud del juez. Utilizando el mismo formato que en una evaluación escolar, le instan a reconsiderar su postura tras mostrar públicamente su creencia de que "la escolarización en centros públicos perjudicará la formación de las dos menores" por la escasa utilidad del gallego fuera de la comunidad.
Denuncia del BNG
Este sorprendente caso salió a la luz hace ahora un mes tras una denuncia del diputado del BNG Bieito Lobeira, quien junto a la familia afectada demandó a la Xunta que evaluase la integración de las menores en el ámbito escolar de Vigo y emitiese informes que amparasen a las estudiantes. Tras el acuerdo mayoritario de los docentes de Pontevedra, ayer la Consellería de Educación insistía en la buena convivencia entre gallego y castellano en los centros escolares. El departamento de Jesús Vázquez reconoce que "la lengua no debe incidir en los términos de una custodia", si bien no intervendrá en el proceso "bajo la premisa del respeto a las decisiones judiciales".
El respaldo de la comunidad docente a la familia es rotundo pero simbólico, pues pese a contar con representación de las delegaciones territoriales de Educación, el caso debe dirimirse exclusivamente en los juzgados. Eso sí, los profesores no han desaprovechado la oportunidad de recordarle al magistrado que su advertencia sobre la custodia de las menores atenta "contra el artículo 3.3 de la Constitución, que obliga a la protección de todas las lenguas oficiales, y contra el artículo 5 del Estatuto". En concreto, la resolución emitida el miércoles alude a los dos postulados que explicitan que "gallego y castellano son lenguas oficiales en Galicia y todos tienen derecho de conocerlas y usarlas, y que nadie puede ser discriminado por su lengua".
El auto del juzgado número 6 de Alcorcón niega a la madre el traslado con sus hijas a Vigo por "desarraigo" de su ámbito educativo". Añadía el magistrado sobre la utilización del gallego en su educación "que más allá del ámbito de aquella Comunidad Autónoma no se aprecia que tenga ninguna otra utilidad práctica".