El retraso en la gestión de ayudas sociales deriva a decenas de familias a las parroquias

El plazo de tramitación de la Risga se ha duplicado a seis meses

 
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A. MÉNDEZ La demanda de ayudas sociales en el Concello aumenta exponencialmente. El número de expedientes no deja de crecer y de forma paralela los tiempos de resolución de las subvenciones, lo que deriva a decenas de personas directamente a las parroquias, tal y como confirman desde la Diócesis de Tui-Vigo, o a organizaciones como Cáritas, Cruz Roja o Afan en busca de soluciones más inmediatas. Los asistentes sociales advierten de la difícil situación en que los retrasos administrativos colocan a las familias y denuncian que el tiempo de gestión y aprobación de la Risga se ha duplicado hasta los seis meses, cuando el plazo medio registrado hasta ahora no superaba los tres meses.
La concejala de Benestar Social, María Méndez, reconoce las demoras, pero insiste en que "se deben al notable incremento de la demanda, y en ningún caso a que se haya agotado el presupuesto municipal o reducido personal". Todo lo contrario, desde el gobierno vigués sostienen que durante los últimos dos años se ha aumentado en diez el número de trabajadores sociales y anuncian que "el próximo año se duplicará el presupuesto destinado a las ayudas de emergencia", las que gestiona y otorga directamente el Concello.
En estos casos, todo el proceso depende de técnicos municipales pero el problema de la denominada Renta de Integración Social gallega (Risga) es que la solicitud y primera evaluación de la familia depende del Concello, pero luego se remite el expediente a la delegación de la Xunta, que es quien las otorga. En estos supuestos, es necesaria una mejor coordinación entre ambas administraciones.
Las consecuencias de la situación actual las conoce a la perfección el director de Cáritas Vigo, Ángel Dorrego, quien explica que "desde hace año y medio nos está llegando gente de parte del Concello", personas que no pueden esperar cinco o seis meses por una ayuda económica y recurren directamente a las parroquias o a las oficinas del colectivo en busca de un alivio inmediato a sus cuentas.
"En el Concello, cada subvención para comida, alquiler o ropa necesita pasar por Intervención y ser aprobada a través de un expediente denominado libramento. Lleva su tiempo", explica la concejala María Méndez, cuyo departamento utiliza en estos casos cheques de ayuda para canjear en las entidades sociales colaboradoras y que se abonan a mes vencido. Pese a haberse disparado la demanda, insiste en que todavía quedan fondos disponibles para las familias".

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