E. OCAMPO
El encierro de los trabajadores despedidos por Cinebox Ábano ya ha sobrepasado las veinticuatro horas pero la primera reunión con la Administración del centro comercial Plaza Elíptica no ha dado frutos.
Los trabajadores exigen saber a qué se dedicarán en el futuro las instalaciones y qué pasará con sus contratos, mientras la gerencia de la Plaza Elíptica aclara sin ningún tipo de rubor que busca un nuevo arrendatario para el local que sirva de “locomotora” al centro comercial, en palabras del gerente Marcos Martínez. Las prioridades de la empresa pasarían por recuperar los bajos, ya que no tienen relación directa con los trabajadores.
También trascendió que la empresa que gestionaba las salas, Cinebox Ábano, tenía una deuda desde hace varios meses contraída con el centro comercial por impago, a pesar de que éste había decidido rebajar el cobro del alquiler.
La empresa ya cerró varias salas en España y lleva desde septiembre de 2007 sometida a un proceso concursal –suspensión de pagos– y puede que haya solicitado un ERE. Un juez de Valencia dictó el cierre judicial de los cines de Vigo, según la gerencia del centro comercial Plaza Elíptica. Esta misma sociedad gestiona salas en centros comerciales de Pontevedra y Ourense.
En cuanto a los trabajadores, anoche se disponían a permanecer en las instalaciones que hasta el martes funcionaban como cine y en donde aún se encuentra todo el mobiliario, equipo y material de las ocho salas de proyección. El primer intento por parte de la empresa de retirar las películas de las salas fue frenado por los ex empleados. La responsable de UGT, Rosa Acuña, asegura que no “consentirán que la productora se lleve nada sin que presente un documento que acredite que lo sustrajeron”. Otros trabajadores procedentes de los cines de Pontevedra acudieron a rebobinar las películas; una cuestión que puede tardar horas.
“Derechos laborales”
Pero el tema ya ha trascendido del mero conflicto laboral y los perjuicios que produce el cierre de un cine y ha traspasado la barrera política.
El teniente de alcalde –y concejal de Comercio e Industria–, Santiago Domínguez, expresó la pérdida que significa para un “valor cultural de ciudad” y tildó la decisión tomada por la empresa como “grave” al no haberlo explicado precisamente. Por eso considera que el cierre es una irresponsabilidad en dos aspectos: primero, el trato a los trabajadoras y luego, al tratarse de una concesión administrativa la empresa debería de haber informado al Concedo de Vigo. Anunció que tomará las medidas oportunas cuando conozca las causas.
