SANDRA PENELAS
Parece claro que de la próxima cumbre de Copenhague no saldrá un acuerdo que sustituya al vigente protocolo de Kioto. Sin embargo, no todo está perdido. Tras las críticas por su decisión de retrasar el acuerdo, Obama anunció esta semana que asistirá a la reunión y que EE UU disminuirá sus emisiones en un 17% para 2020. China se sumaba al carro un día después para prometer que contaminará a un ritmo menor y que su primer ministro se sentará junto a los casi setenta jefes de gobierno convocados a la reunión.
"Tendrá que haber algo que nos permita alcanzar el acuerdo definitivo en unos meses. Copenhague servirá como un escalón muy importante", confía Xavier Labandeira, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo.
El experto también viajará a la capital danesa para participar en el programa de actividades organizado por la UE durante la cumbre. Allí presentará un número especial de la revista académica Energy Journal, que coordina su grupo de investigación Rede, y un informe sobre los efectos del cambio climático en España que ha dirigido para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, donde es responsable del programa sobre este fenómeno global.
A la espera de las decisiones que se tomen en Copenhague, Labandeira enumera una serie de recomendaciones a poner en marcha cuanto antes, desde la Administración y como ciudadanos de a pie, para reducir la contaminación tomando como base los parámetros establecidos por los científicos expertos en cambio climático.
Responsabilidades
"El primer mensaje es que éste es un problema de todos. Mucha gente piensa que sólo es cuestión de gobiernos y empresas, pero se trata de una aproximación incorrecta e inaceptable. Todos tenemos responsabilidades", advierte.
Respecto a las medidas que deben poner en marcha las administraciones y la Unión Europea, Labandeira sostiene que "el desafío es tan grande que deberán ser muchas las que poner en marcha o intensificar".
En su opinión, los gobiernos deben favorecer una política de precios a través de los impuestos o los mercados de emisión. "Los impuestos por emitir seguramente habrá que aumentarlos, pero no se puede obligar a pagarlos a aquellas empresas que ya están en el mercado europeo de CO2", aclara.
A partir de 2012, se introducirán dos mejoras en este mercado. La primera tiene como objetivo que el número de permisos se adapte a los compromisos de la UE, por lo que será la institución europea quien los gestione en lugar de los gobiernos. En segundo lugar, dichas licencias dejarán de entregarse gratuitamente y saldrán a subasta.
Muchos países están interesados en "replicar" este modelo, apunta Labandeira, aunque su efectividad está limitada porque no incluye sectores como el transporte. "Ahí es donde tendría que haber impuestos", aboga Labandeira.
Otra medida básica es la promoción de las energías renovables: "La eólica es un caso claro. Es una tecnología emergente y está a punto de ser competitiva".
Los gobiernos deben apostar asimismo por la eficiencia energética, esto es, mantener el bienestar y la producción con un menor consumo. En este sentido, el experto considera recomendable que se favorezca la compra de electrodomésticos o vehículos de bajo consumo y anima a prohibir algunos productos muy contaminantes cuando existen alternativas al alcance de la mayoría, como en el caso de las bombillas incandescentes.
Tecnologías obsoletas
"Resulta ilógico utilizar tecnologías muy obsoletas cuando las hay mejores y más baratas. En todo caso, si alguien quiere hacerlo, que pague por contaminar más", dice tajante.
En esta misma línea, Labandeira es partidario de que las tarifas eléctricas recojan el coste real de la producción, que lleva aparejado un coste ambiental. "Pero a la vez, los gobiernos deben ser cuidadosos y proteger a los más desfavorecidos diseñando medidas compensatorias para familias que queden en situación comprometida", añade.
La planificación urbana, un ámbito en el que también entrarían gobiernos autonómicos y concellos, es otro campo de actuación. Hay que evitar la dispersión en la medida de los posible, porque implica más costes económicos y ambientales, e "ir hacia ciudades más sostenibles y con un mejor transporte público". "Todavía queda mucho que decir en cuanto a la construcción de edificios y mejora de la eficiencia energética", opina.
Muchas de estas políticas gubernamentales "inducen" la responsabilidad de las empresas, que también "deben modificar sus procesos productivos y sus productos".
El economista vigués cree básico que los ciudadanos paguen el coste real de los productos que adquieren y cambien sus hábitos: "Si deciden comprar un coche o una casa deben ser conscientes de que también están decidiendo sobre un volumen de emisiones futuro".