La falta de plazas impide ejecutar la mitad de las condenas a trabajos comunitarios

M. LÓPEZ / R. PRIETO Condenados a realizar un trabajo que no existe. La escasez de plazas en las administraciones para realizar trabajos en beneficio de la comunidad y la falta de personal en el Centro de Inserción Social de Vigo (encargado de gestionar este tipo de condenas en toda la provincia) ha provocado que de las 2.000 penas conmutables por trabajos comunitarios dictadas este año en el área de Vigo se hayan ejecutado menos de la mitad, unas 900, según sindicatos de instituciones penitenciarias. La mayor parte de estas condenas responden a delitos contra la seguridad vial, aunque también se cumplen por maltrato familiar o hurtos.

Cada ayuntamiento firma un convenio con el Ministerio del Interior para ofertar un determinado número de plazas que, en la inmensa mayoría de los casos, "son insuficientes", señalan desde la CIG. También otras entidades como diputaciones, asociaciones culturales y/o sin ánimo de lucro colaboran con el Gobierno para sacar adelante los trabajos en beneficio de la comunidad. "Los concellos deberían ser las principales instituciones en ofrecer las vacantes y la mayoría son reacios a tener a personas de esas características trabajando en sus departamentos", critican. Concretamente, el gobierno local de Vigo oferta 46 plazas por las que pasan cada año unas ochenta personas. Desde 2002 un total de 519 penados realizaron estas tareas en áreas como las de Jardines, Limpieza, Juventud, Vías y Obras o en Vigozoo.

Trabajadores del Centro de Inserción Social de Vigo consideran que la función de los trabajos comunitarios "ha fracasado". "No hay plazas suficientes y muchas penas van a prescribir en poco tiempo. La ley que regula los TBC es más filosófica que real. Se supone que los condenados deben devolver a la sociedad algo que le han arrebatado, pero la administración es incapaz de gestionar todas estas penas hasta el punto de que algunas personas cumplen los trabajos dentro del propio CIS limpiando cristales o barriendo, por ejemplo", revela el sindicato.

En cuanto a la plantilla del centro "Carmen Avendaño", ubicado en la avenida de Madrid, todavía continúa sin los suficientes trabajadores propios para atender a todos los internos y a los ciudadanos que acuden al centro cada día. Algunos empleados se desplazan desde A Lama a Vigo. "Así es imposible atender la demanda, que ha crecido de forma espectacular por los delitos de tráfico", apuntan las mismas fuentes.

Los condenados por trabajos en beneficio de la comunidad del área de Vigo deben acudir al CIS para que allí se realice un seguimiento de las tareas. Se comprueba su asistencia y que hayan cumplido el objetico de los trabajos.

Los horarios laborales también resultan una traba a la hora de cumplir las penas. "La gente que está en el paro no tiene problema para realizar las tareas sociales durante los 30 días que suelen durar, pero los que trabajan lo tiene más difícil. En muchos casos los penados solamente pueden asistir los sábados y la condena se va prolongando demasiado hasta que prescribe", afirman desde la CIG.