REDACCIÓN
Las posturas se mantienen inamovibles. El Concello y la Xunta siguen sin llegar a un acuerdo económico para desbloquear el proyecto de la macrodepuradora del Lagares. Diez millones de euros, que ambas administraciones se niegan a asumir, impiden el acuerdo. El concejal de Urbanismo, José Mariño, la presidenta de Augas de Galicia, Ethel Vázquez, y representantes de Aquanorte, entidad que depende del Ministerio de Medio Ambiente, intentaron ayer cerrar el convenio de financiación en el Ayuntamiento. Sin embargo, las diferencias persisten. Las conversaciones, según fuentes municipales, continuarán, pero no hay fecha para la siguiente reunión.
El Concello defiende que su aportación debe situarse en 8,8 millones, mientras que la Xunta mantiene que debe elevarse a 18,9. El gobierno local argumenta que el reparto de la financiación se ha fijado por "competencias de cada administración", por lo que rechaza pagar la acometida eléctrica, presupuestada en 5,2 millones. "Es una pieza más de la depuradora, por tanto obligación de la Xunta, que debe aplicar el criterio que siguió en las plantas de las demás ciudades, donde los ayuntamientos contribuyen con los terrenos", apuntan las citadas fuentes.
El Concello cedería así el suelo que ya tiene, tasado en 3,2 millones, pero reclama parte de los fondos europeos –112 millones– asignados a la construcción de la depuradora para afrontar los 10,3 que cuestan los terrenos a expropiar. La UE, a través del Ministerio de Medio Ambiente, paga el 47% de la obra, y el gobierno local quiere que se le aplique esa proporción, con lo que el Concello asumiría 5,4 millones por este concepto. El resto, defiende el gobierno local, le corresponde a la Xunta.
La Consellería de Medio Ambiente esgrime que "desde el principio se pactaron las cantidades y ésa –los 18,9 millones– es la parte que compete al Concello", indican sus portavoces. El gobierno local acusa a la Xunta de "no poner ningún argumento sobre la mesa e impedir el acuerdo".
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