A. MÉNDEZ
La financiación de la macrodepuradora del Lagares vuelve a enfrentar a Xunta y Concello. Ambas administraciones escenificaron ayer sus diferencias para sellar el acuerdo definitivo sobre la nueva planta de Coruxo, presupuestada en 238 millones de euros. El órdago lo lanzaba a primera hora el conselleiro de Infraestructuras y Medio Ambiente, Agustín Hernández, durante su intervención en el desayuno informativo Nueva Economía Forum, donde reveló que el gobierno local intenta “recortar de 18 a 8 millones su aportación al proyecto”. Horas después contestaba rotundo el alcalde, Abel Caballero, que negó que la partida municipal estuviese ya cerrada y ratificó su propuesta “inicial y definitiva” de asumir el pago de 8,8 millones de los terrenos.
La diferencia entre ambos radica en la partida adicional de 5,2 millones de euros de la acometida eléctrica que resta por adjudicar y que el Concello ve como “parte de la construcción de la infraestructura y, por lo tanto, competencia absoluta de la consellería”, que asegura que los 112 millones que aporta a la planta representan “el 9 por ciento de los fondos autonómicos para saneamiento de aguas”. Pese a sus argumentos, el gobierno local “no quiere, no puede y no va a asumir algo que es obligación de la Xunta”, resaltó el regidor vigués, que estima “en 100 euros por cada familia viguesa” el coste de esos fondos adicionales.
El borrador que plantea la Consellería de Infraestructuras contempla 19 millones de euros de inversión municipal. La propuesta fue planteada a la mesa de negociación hace tres semanas, pero ayer Caballero negó que las cifras estuviesen cerradas e insistió en que “no hay nada firmado” y que la cifra definitiva saldrá de las negociaciones a tres bandas que se retomarán el próximo martes.
Arropado por el presidente de la Diputación de Pontevedra, alcaldes y empresarios de la provincia, Agustín Hernández reprochó al Concello que intente recortar su partida y le advirtió que el Ejecutivo autonómico no se hará cargo de esos 5,2 millones sobre los que no hay acuerdo y “no desembolsará ni un solo euro más de lo comprometido en octubre”.
El conselleiro se refería a las cifras que recoge el protocolo de la financiación propuesto hace dos semanas al Estado y al Concello y en el que se plasman los 112 millones que aporta el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino a la nueva depuradora, los 107 de la Xunta (126 con los intereses del pago aplazado hasta 2024), y los 18,9 que según los cálculos de la Xunta debe abonar el Concello.
La cifra se calcula por los 3,3 millones en que están valorados los terrenos de la actual depuradora, que serán donados a la Xunta como suelo de dominio marítimo-terrestre, más los 5,4 millones que desembolsará la Administración local por la expropiación de los nuevos terrenos (la diferencia hasta los 10,2 millones que cuestan se financia con fondos europeos), más los 5,2 de la acometida eléctrica y la nueva subestación que el Concello se niega a sufragar por ser “obligación autonómica”.
“Oferta generosa”
Frente a las críticas del conselleiro, Caballero replicó ayer que “no hay ningún preacuerdo firmado” y criticó a Hernández por “haber precipitado su opinión”. El alcalde se mostró rotundo en su oferta y valora como de “enorme generosidad” la aportación del Concello a la planta de Coruxo, teniendo en cuenta que las demás ciudades “sólo ponen los terrenos y Vigo adicionalmente dona gratuitamente a la Xunta el suelo donde se asienta ahora la depuradora”, que se recuperará dentro de la junquera del Lagares. “Estamos cansados de que vengan siempre a Vigo a decir que no”, advirtió a la Xunta.
El desacuerdo es evidente y la financiación de la mayor infraestructura pendiente en la ciudad vuelve a quedar en el aire, aunque no peligra. Pese a discrepar con los planteamientos autonómicos, Caballero insistió en que las divergencias no supondrán ningún retraso e incluso aseguró que espera recuperar “el tiempo perdido con el cambio de gobierno después de la licitación y así cumplir los plazos”. Aclaró también que pese a que las diferencias son económicas, ésta “no es una cuestión de porcentajes, sino de que cada uno asuma sus competencias”, resaltó hasta en tres ocasiones durante su intervención.
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