La Xunta da un ultimátum al Concello para adaptar el zoo a las exigencias de la UE o ratificará el cierre

A. OTERO El gobierno local tendrá que demostrar en una semana que las mejoras realizadas en Vigozoo cumplen con la normativa europea. El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, concedió ayer ese nuevo plazo a la Administración local como muestra de su "plena colaboración" para evitar el cierre al público del recinto. La Comisión Europea lleva desde marzo de 2007 advirtiendo a la Xunta de que el zoo incumple las directrices comunitarias y nacionales sobre la conservación de fauna silvestre. Transcurrido todo este tiempo, y después de varias inspecciones, Juárez avanzó ayer que su departamento "no tendrá otro remedio" que ratificar la orden de clausura del parque o el gobierno español se enfrenta a una sanción de 30.000 euros diarios.

El conselleiro detalló el expediente abierto por la Comisión Europea sobre la situación de Vigozoo, que arranca en marzo de 2007. Como adelantó este periódico, desde entonces el recinto vigués fue inspeccionado en dos ocasiones –en septiembre de ese mismo año y en enero de 2009– por técnicos autonómicos y de Trasega (la filial de la empresa pública Tragsa, especializada en gestión medioambiental, y que trabaja casi en exclusiva para el Ministerio de Medio Ambiente). Ambas visitas detectaron un buen número de aspectos que no se ajustaban a las directrices comunitarias.

"Esas inspecciones constataron incumplimientos graves", subrayó el conselleiro. Por ejemplo, los informes alertan del "riesgo de fuga de animales potencialmente peligrosos, como el caso de leones y osos"; y hasta "riesgos sanitarios para el personal y el público" por el deficiente programa veterinario. De todas estas cuestiones, según Juárez, se informó al Concello de Vigo "de forma oral, presencial y por escrito".

"Obligación legal"

Acompañada por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Lucía Molares, Juárez reveló que el pasado viernes, en una reunión entre técnicos de su departamento y de Vigozoo, estos admitieron algunos de esos incumplimientos, negados de forma sistemática por la edil Chus Lago. "Nuestro interés es que las instalaciones sigan abiertas pero tenemos la obligación legal y no podemos hacer lo contrario de lo que dicta la normativa europea", explicó. Porque de ser así, aseguró, podría acarrear una sanción por parte de la Corte Europea de Luxemburgo contra el Reino de España de hasta 30.000 euros al día "mientras no se ejecutase la sentencia de este Alto tribunal".

Con esta argumentación, Juárez reconocía que la situación del zoo también pone a su departamento en un coyuntura igual de comprometida. Sin embargo insistió en que "planteamos al Concello buscar alternativas", y avanzó que esperará a la reunión que celebrarán sus técnicos con los del parque municipal "para tener claro cuáles son las carencias".

De este encuentro dependerá en gran medida que la Consellería de Medio Rural intente arrancar a la Comisión Europea una nueva moratoria. En este sentido, fuentes comunitarias expresaron a este periódico sus dudas respecto al éxito de la solicitud de un nuevo plazo que pudiera evitar el cierre al público.