Examen jurídico a la ampliación de Areal

La sentencia que declara ilegal el relleno de 300.000 m2 en Marín ha suscitado debate sobre la ampliación de Areal. La presidenta del Puerto, Corina Porro, asegura que el fallo no tiene repercusión sobre la actuación pese a sustentarse la resolución judicial en la falta de un Plan de Usos, del que también carece Vigo. El alcalde reclama un estudio jurídico a fondo, y el BNG exige paralizarla hasta que se apruebe el Plan. Grupos ecologistas la denunciarán en los tribunales.

REDACCIÓN ¿Tiene la ampliación proyectada en Areal blindada su seguridad jurídica? La sentencia del Tribunal Supremo que obliga a retirar un relleno de 300.000 metros cuadrados en Marín al declararlo ilegal ha generado debate sobre la operación viguesa. El motivo es que el fallo judicial establece que la obra del municipio marinense no estaba amparada por un Plan de Usos (PUEP), el documento que, según señala el texto, “legitima” las nuevas infraestructuras de cada puerto. El recinto vigués carece también de este Plan, pero la presidenta de la Autoridad Portuaria, Corina Porro, considera indiscutible la cobertura legal de Areal y esgrime argumentos jurídicos para justificar que la situación de Marín no tiene nada que ver con la de Vigo.

El alcalde ve, sin embargo, algún “paralelismo”, por lo que demanda un estudio a fondo que determine la solidez de la operación y una explicación pormenorizada de Porro ante el Consejo de Administración para que sus miembros se pronuncien. El BNG cree que la falta del PUEP es esencial y “por responsabilidad” demanda que se paralice la ampliación. Para la plataforma “A Ría non se vende” la obra es, sencillamente, ilegal, y los responsables del Puerto recaerían, de ejecutarlo, en prevaricación. Estos son sus argumentos.

Autoridad Portuaria. Tras consultar a sus técnicos, Porro concluye que no existen dudas de la solidez legal de Areal. De entrada señala que no se interpuso ningún recurso contra el Plan Especial del Puerto de Vigo (PEP), mientras que el de Marín ha sido impugnado por los jueces. Otra diferencia que esgrime es que el Tribunal Superior de Xustiza juzgó el anterior relleno proyectado en Areal, que no llegó a ejecutarse pero era de mayores dimensiones que el proyectado ahora, “y avaló su plena legalidad” al fallar que no necesita Declaración de Impacto Ambiental. La cobertura también vendría avalada por Puertos del Estado, que “emitió informe favorable” a esta actuación y participó en la adjudicación con dos representantes. Y a ello suma que la obra es mucho menos agresiva que la de Marín, ya que se sustenta sobre pilotes “que permiten el paso de las corrientes marinas”.

PSOE. El alcalde ya ha anunciado que encargará informes jurídicos municipales sobre repercusiones de la sentencia. El fallo del Supremo obliga, a su juicio, a revisar a fondo la legalidad de Areal y todas las actuaciones que proyecta Porro, como las rampas de Bouzas y la fuente en el muelle de cruceros. Tras leer la sentencia concluye que existe un paralelismo por la falta de Plan de Usos, aunque señala que Areal cuenta con aval ambiental, un factor clave en el fallo del Supremo. “Aquí se pidió la exención de la declaración de impacto y se le concedió, mientras que el Puerto de Marín no la pidió”, explica Caballero.

BNG. Los nacionalistas sostienen que el Plan de Usos es clave para amparar cualquier actuación que realice el Puerto, por lo que la ausencia de este documento dejaría sin cobertura la ampliación de Areal. “Si Corina Porro sigue adelante incurriría en una tremenda irresponsabilidad”, afirma el teniente de alcalde, Santiago Domínguez. La sentencia del Tribunal Supremo establece que el Plan Especial del Puerto, con el que sí cuenta Vigo, “no legitima” las nuevas infraestructuras portuarias. “Urge un Plan de Usos, y la presidenta del Puerto no puede hacer caso omiso”, agrega. Los informes jurídicos que encargue el Puerto no garantizan la cobertura legal, ya que seguiría vigente “una duda razonable” tras el fallo de Marín. También queda en suspenso, a su juicio, la solidez jurídica de las demás obras que proyecta Porro, por lo que pide que las paralice hasta aprobar el PUEP.

Ecologistas. El colectivo “A Ría non se vende” no tiene dudas, al igual que Porro, pero en el sentido contrario. Para la plataforma la ampliación de Areal es ilegal a todas luces porque el Puerto de Vigo carece del Plan de Usos. También lo serían la prolongación del muelle de trasatlánticos y las rampas de Bouzas. Todas ellas han sido recurridas ya en los tribunales. Ejecutarlas, sostienen, conllevaría “un delito de prevaricación”.