REDACCIÓN
Extremar las precauciones y blindar la seguridad jurídica de todas las actuaciones para evitar un varapalo judicial. El alcalde, Abel Caballero, reclamó ayer a Corina Porro que presente al consejo de administración del Puerto un informe que avale la cobertura legal de la ampliación de Areal y las demás obras que proyecta, después de que el Tribunal Supremo haya declarado ilegal el relleno de Marín por carecer la Autoridad Portuaria de esta localidad de un Plan de Usos. El recinto vigués tampoco cuenta con este documento, algo "incomprensible" para Caballero, que presidió la institución desde septiembre de 2005 hasta que fue nombrado candidato a las elecciones en 2007. "Yo lo dejé acabado, con las alegaciones ya contestadas, y sólo pendiente de incorporar los cambios aceptados. Ahora lleva dos años y medio parado", lamentó ayer, para demandar a Porro que tramite el Plan "a toda velocidad".
Caballero apunta que "en general el Puerto tiene algunas pretensiones, y es imprescindible que lo que haga cuente con todas las garantías jurídicas". La presidenta portuaria ha encargado la ampliación de Areal en 50.000 metros cuadrados y proyecta nuevas rampas ro-ro en Bouzas, además de obras sobre la superficie actual como una fuente luminosa en el muelle de trasatlánticos, y la transformación en espacio público de la zona que ocupan las naves de la fruta. Actualmente ejecuta, asimismo, mejoras para el atraque de cruceros con sendas actuaciones en el muelle de trasatlánticos y en el exterior del espigón. "Es necesario analizar lo que puede haber de paralelismo con el caso de Marín, tanto en las ampliaciones como en los desarrollos urbanísticos", añade el regidor.
Documento "urgente"
La otra actuación clave que reclama Caballero es la agilización del Plan de Usos. "Es urgente que se tramite con toda la celeridad. Se trata del documento que da sustrato jurídico a las estructuras del desarrollo portuario, y es la base del Plan Especial del Puerto", advierte.
El alcalde sostiene por otra parte que los casos del puerto marinense y Areal son distintos, pese a que la falta de un Plan de Usos fue un elemento central de la sentencia. "Allí la Autoridad Portuaria no planteó la declaración de impacto ambiental, mientras que Vigo solicitó que se le eximiese de hacerla y Puertos del Estado le dio vía libre", argumenta. En todo caso, opina que es necesario garantizar que la legalidad de la obra está blindada.
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