MARÍA LÓPEZ
Las previsiones no siempre se cumplen, sobre todo cuando se trata de cuestiones económicas. Prueba de ello es que el Concello recaudó a lo largo del año pasado 5.885.000 euros en sanciones derivadas de infracciones urbanísticas, una cantidad que casi duplica los 3 millones de euros que el gobierno local estimaba ingresar a principios del ejercicio por este tipo de multas, según aseguran fuentes municipales.
La inmensa mayoría de las irregularidades tienen su origen en la ausencia de licencia de obra o de actividad. El importe de cada sanción varía en función de las valoraciones específicas para cada caso recogidas en los informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo. "No se establece una cuantía fija; cada expediente se estudia en particular", señalan las mismas fuentes.
Desde el Concello reconocen que es necesario incrementar la labor de inspección para reducir el número de infracciones cometidas en materia de urbanismo. Cuando se trata de casos considerados "graves", se decreta el cese de actividad. Tras el desembolso de la correspondiente sanción, el negocio puede volver a entrar de nuevo en funcionamiento.