CH. G.
El Concello no está de acuerdo con la orden de la Comisión Europea por la que se instaba a España a que cerrase a las visitas el parque zoológico vigués. De hecho, la decisión, canalizada a través del Ejecutivo autonómico, ha sido mal recibida por parte de los responsables del gobierno local. El propio alcalde, Abel Caballero, calificó esa amenaza de cierre como "una agresión política e injustificada de la Xunta hacia Vigo", y el posible cierre de las instalaciones como "un auténtico disparate".
Una afirmación que se sustenta, según el regidor municipal, en que los informes que se están manejando son los que se hicieron tras las inspecciones del año 2007. "Lo que está en cuestión es el zoo que nos dejó Corina Porro no el que hay ahora, que es muy diferente", manifesté Caballero.
Según los datos que maneja el gobierno local, las instalaciones de Vigozoo "reúnen todos los requisitos en la actualidad". El alcalde recalcó que "si se realiza una inspección en este momento, estamos seguros de que vamos muy por delante, en cuanto a todo tipo de normativa, que otros muchos zoológicos de la Unión Europea que no han sido cuestionados".
La Comisión Europea detectó, de acuerdo con los informes que obran en su poder, que el zoo vigués tiene graves incumplimientos de la directiva aprobada en marzo de 1999, en cuanto al estado de conservación de los animales salvajes en los parques zoológicos. De acuerdo con la notificación, si la Xunta no hiciese cumplir la orden se enfrentaría a una multa millonaria. El gobierno local asegura que aún no ha recibido comunicación alguna por parte del Ejecutivo gallego.
"Si llega, tendrá una fuerte respuesta política y acudiremos incluso a los tribunales de justicia para defender nuestra posición. No se puede castigar con una decisión como esa sin conocer cómo están las instalaciones del parque zoológico en la actualidad y sin comprobar las mejoras que se han realizado en el recinto en los últimos dos años", sentenció Abel Caballero.
El Concello, de acuerdo con la normativa en vigor, tendría un mes de plazo para presentar los informes que puedan frenar el cierre, a contar desde el momento en que reciba la notificación. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente aseguraron que las competencias y la decisión corresponden a la Xunta.
