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El Concello amenaza con multas de hasta 3.000 euros

Tráfico inicia una campaña contra el exceso de ruido de los vehículos tras diez años sin sanciones

El control se centrará en el "escape libre" de los ciclomotores y las mediciones se realizarán a pie de calle

 
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El aparato que utilizarán los agentes para examinar los vehículos.
El aparato que utilizarán los agentes para examinar los vehículos.  Jesús de Arcos

ALBERTO BLANCO La Concejalía de Tráfico declara la “guerra” al escape libre de los ciclomotores tras más de una década sin denuncias. La Policía Local iniciará en las próximas semanas una campaña intensiva para multar a los conductores cuyos vehículos excedan los límites de ruido permitidos. El control se alargará durante dos meses, aunque la vigilancia no cesará tras este periodo y los agentes continuarán realizando inspecciones de forma alternativa.
El Concello sacará a la calle el inspector de ruidos de “última generación” que adquirió ya hace más de un año y que todavía no ha sido estrenado. La falta de preparación de los agentes locales para manejarlo y la necesidad de homologar el aparato, retrasaron hasta ahora su puesta en marcha. Tras varios anuncios, el concejal de Tráfico, Xulio Calviño, asegura que por fin comenzará a utilizarse. “Durante éste y el próximo mes lo utilizaremos a fondo. Ya se ha homologado y varios agentes recibieron ya la formación necesaria para utilizarlo”, asegura. El responsable municipal admite además que la carencia de personal en los meses estivales retrasó también su puesta en marcha. “En esta época no tenemos problema”, añade.
Aunque la campaña para denunciar el exceso de ruido en el tráfico rodado va dirigida a todos los vehículos, los agentes centrarán los controles en las motocicletas y ciclomotores con el tubo de escape trucado. Una manipulación ilegal con la que sus dueños logran incrementar la velocidad de su moto y que provoca un estruendo por encima de los límites permitidos.
Pese a que en un primer momento el edil de Tráfico anunció que se citaría en Samil y en el parking del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) a los propietarios de aquellos vehículos “sospechosos” de exceder los límites de ruido para que pasaran la prueba, finalmente no tendrá que ser así. “El control se podrá realizar a pie de calle y en el mismo momento en que se pare al vehículo”, advierte.
La precisión del inspector de ruidos, un aparato dotado de un micrófono que se ubica en el tubo de escape de los vehículos, y un medidor de decibelios, conectado a éste, permite que los controles puedan finalmente realizarse en las calles del centro de la ciudad. Los agentes realizarán dos mediciones diferentes para evitar cualquier fallo y discriminar al mismo tiempo el sonido ambiente para que no influya en el examen acústico del vehículo.
Los propietarios de los ciclomotores que tengan el “escape libre” se enfrentarán a una multa que oscila entre los 600 y 3.000 euros. Además, los agentes podrán retirar la licencia de forma provisional a aquellos conductores cuyo vehículo no pase la prueba y se les devolverá el permiso cuando solvente el problema.
Éste aparato es ahora la única herramienta que posee la Policía Local para controlar los límites de ruido de los vehículos. Fuentes del cuerpo de seguridad aseguran que los actuales son “arcaicos” y reconocen que durante la última década sólo se hacía estos controles en casos “flagrantes”. Una permisividad a la que el departamento de Tráfico pondrá fin durante los próximos dos meses con la puesta en marcha del nuevo inspector de ruidos.

300 euros

Por otra parte, el alcalde, Abel Caballero, reafirmó ayer su voluntad política de aceptar los recursos de aquellos conductores que reciban la multa de 300 euros por no identificar al conductor. No obstante, y como adelantó este periódico, se beneficiarán aquellas personas a las que no se les notificó la primera denuncia por que estaban ausentes en su domicilio o éste no coincidía con el de la base de datos de la policía, pero no si el Concello tiene constancia de que sí recibieron la multa e hicieron caso omiso. “Otro caso es que no quieran identificarse, entonces sí que la tendrán que pagar”, concluye el regidor local.

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