La Asociación Viguesa contra el Ruido pone en duda la gestión de la Concejalía de Medio Ambiente y Sanidade. El colectivo alerta de la existencia de decenas de denuncias por contaminación acústica "aparcadas" desde el año 2007 y sospecha que son muchas las que ya han prescrito por superar los dos años de tramitación administrativa, el plazo máximo fijado por ley para multar a los responsables. El presidente de la asociación vecinal, Javier Quintana, lamentó ayer públicamente que queden impunes irregularidades cometidas por particulares, industrias y fundamentalmente locales de ocio debido "a la nula capacidad de gestión" del departamento que dirige Chus Lago.

Los afectados decidieron hacer pública "la desastrosa situación" a nivel organizativo por la que atraviesa la concejalía para que el Concello tome medidas a nivel interno y busque una solución a las investigaciones invalidadas por falta de diligencia administrativa. Advierten además que estas demoras no sólo afectan a las denuncias por exceso de ruido, sino a todos los temas que dependen de Medio Ambiente, como la Oficina Municipal de Información al Consumidor, vertidos al Lagares o irregularidades en el funcionamiento de la depuradora de Coruxo.

"Las multas de tráfico se preocupan de cobrarlas. Deben concederle la misma importancia a las derivadas del ruido", sostiene el presidente de la asociación viguesa, que vincula directamente esta "parálisis en la concejalía" con "los continuos relevos en su asesoría jurídica. Cada tres meses llega una persona nueva y los procesos abiertos no se concluyen", denuncia Quintana, uno de los impulsores de las denominadas Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS).

Las pesquisas de la Asociación Viguesa contra el Ruido comenzaron con la demora constatada en denuncias interpuestas por siete de sus asociados, pero son muchos más los casos en lista de espera. En el mes de marzo, el Concello reconocía que tenía pendientes de resolución 25 expedientes de ruidos abiertos desde el año 2007 y que están a punto de prescribir.

Compromiso oficial

La principal preocupación del colectivo vecinal es que los responsables se libren de sanciones que oscilan entre los 600 y los 9.000 euros por falta de gestión municipal, pero el Concello se comprometió ayer a buscar fórmulas "para que todas las denuncias sean investigadas y resueltas" y, en caso de sobrepasar los dos años de tramitación permitidos por ley, Medio Ambiente "reabrirlas de forma extraordinaria para dirimir responsabilidades".

Con esta medida el gobierno local evitaría la denuncia que el colectivo de vigueses contra el ruido estudia adoptar en cuanto tengan constancia por escrito de que caducan los expedientes. En espera de perfilar la estrategia con su abogado, el grupo ya ha consegido que el Concello reconozca los retrasos, que atribuye "a la complejidad de este tipo de expedientes" y a un cambio voluntario de destino de la anterior técnica.

El puesto de asesor jurídico de Medio Ambiente permanece vacante desde hace un tiempo y el Concello espera "resolver el problema en cuestión de semanas". La anterior responsable pidió voluntariamente el traslado a Urbanismo y su baja será cubierta con una nueva plaza de jurista que se crea con la ampliación de personal de la Gerencia. Con el refuerzo de personal en este departamento, el Concello debe devolver un jurista a Medio Ambiente.