El reparto de la aportación económica entre las Administraciones para pagar la macrodepuradora del Lagares pone al Concello en apuros. El borrador del convenio de financiación establece que el Ayuntamiento tendrá que desembolsar 19 millones de euros en cinco años, de los que 15,6 son netos y otros 3,4 corresponden al valor de los terrenos de su propiedad que cederá para construir la planta. El Ayuntamiento debe correr en la propuesta de acuerdo con el coste de las fincas que hay que expropiar, tasadas en más de 10 millones. Caballero mantuvo ayer, según las fuentes consultadas, una conversación telefónica con la ministra Elena Espinosa para plantear una reducción de la carga, que considera demasiado elevada para las arcas municipales. La depuradora es una infraestructura de competencia autonómica, por lo que argumenta, prosiguen las mismas fuentes, que corresponde a la Xunta de Galicia costear el suelo.
La Consellería de Medio Ambiente está de acuerdo con el documento, que recoge su plan de financiación ampliada hasta 2024, aunque enviará una carta con salvedades "técnico-administrativas que no afectan al fondo", señalan sus portavoces.
El borrador establece también, entre las obligaciones del Concello, la de asumir la acometida eléctrica, valorada en 5,2 millones, pero las expropiaciones son el elemento que dispara la porción municipal. La responsabilidad de pagarlas ya provocó hace unas semanas diferencias entre Caballero y el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández. El alcalde, que ayer evitó hacer declaraciones, alega que la Xunta debe correr con el gasto, ya que la macrodepuradora es una obra de interés público autonómico. Fue la Administración gallega además la que inició el trámite expropiatorio en diciembre pasado, con la publicación de la relación de las 130 parcelas y nueve viviendas afectadas. Hernández esgrimió que los acuerdos alcanzados hasta ahora ya establecían que el Concello pagaría el suelo, y que son los ayuntamientos los que corren con ese gasto en estas obras aunque la Xunta se encargue de iniciar los trámites.
Mediación
Caballero tuvo un papel activo en la solución al problema financiero de la Administración autonómica, que pidió al ministerio un aplazamiento de sus obligaciones de pago al alegar que carece de fondos suficientes para desembolsar 107 millones en seis años. El alcalde medió ante Espinosa a petición del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y se logró un acuerdo sobre la cuota de la Xunta, ahora plasmado en el borrador.
Sin embargo se presenta un nuevo inconveniente. La aportación autonómica está pactada, y el ministerio ha dejado claro que no hará un esfuerzo mayor, puesto que participa con 115 millones, más que ninguna otra parte pese a que la depuradora es responsabilidad de la Xunta. Las tres Administraciones deben consensuar ahora el texto con el reparto definitivo.
