La Agencia Española de Protección de Datos abrió una investigación sobre la legalidad de las cámaras de videovigilancia instaladas en los exteriores de la facultad de Ciencias tras la denuncia elevada por el Movemento polos Dereitos Civís.
La investigación se abre después de que este colectivo solicitara a la entidad estatal su intención de conocer si la facultad tiene registrado el fichero que contiene las imágenes y los sonidos grabados por las cámaras del Registro General de Protección de Datos, así como la garantía de que las cámaras se instalaron contando con todos los permisos necesarios para su colocación en la vía pública.
Los portavoces del Movemento polos Dereitos Civís critican su instalación, que tachan de "estafa", y recuerdan en su comunicado que "sólo los cuerpos policiales pueden poner cámaras que graben constantemente en la vía pública".
