J. PASTORIZA
El Concello ha trazado las líneas para tratar de evitar la demolición de algunas de las grandes urbanizaciones ilegalizadas por los tribunales, en las que reside casi un millar de familias. Los servicios jurídicos alegarán ante los jueces, según fuentes municipales, que están "integradas en el entorno", ya que en los mismos ámbitos existen edificaciones de similares características. Bajo este paraguas legal, basándose en fallos judiciales que sentaron jurisprudencia, intentará frenar el derribo de Jacinto Benavente, Rosalía de Castro, las torres de García Barbón y A Pastora. Los tribunales anularon sus licencias pese a que los promotores cumplieron los requisitos de construcción, con lo que el Ayuntamiento se expone, si se ejecutan las sentencias, a indemnizaciones que lo abocarían a la bancarrota.
A éste añadirá otro argumento clave: que la Administración y los afectados obraron "de buena fe". El Concello dio los permisos con arreglo al Plan Xeral de 1993, que anularon los tribunales. Su ilegalización provocó la caída de fallos judiciales en cascada y, de hecho, propició que se tramitase un nuevo PXOM. "Las licencias se otorgaron respetando el planeamiento, y los promotores se ajustaron. Era el Plan el que tenía deficiencias", exponen las citadas fuentes.
Los servicios jurídicos plantearán la inejecución de los fallos, pero antes de hacerlo, los propietarios deben demostrar que se ajustan al Plan Xeral y obtener licencia. Los de Jacinto Benavente (180 viviendas) ya la tienen, y el Concello presentará ya la petición al Tribunal de Xustiza. "La urbanización mantiene la altura y las alineaciones del entorno", precisan fuentes municipales. Los afectados de Rosalía ya han solicitado permisos. Los de A Pastora aún no. En Gª Barbón, pese a la altura de las torres, existe un ámbito sin desarrollar al lado, "La Metalúrgica", con condiciones de edificación parecidas.
Casos aparte son Finca do Conde y la Colina de Castrelos. En la primera, donde está el centro Gran Vía y dos torres con 228 viviendas, Urbanismo entiende que la legislatura pasada se dieron licencias "con informes técnicos en contra", con lo que no se cumpliría ya el criterio de buena fe. Estaría, así, abocada al derribo. En Castrelos, pese a que se respetó este requisito y existen ordenaciones con alturas similares cerca, "existe impacto visual sobre el pazo, ya que la urbanización ocupa una superficie en un punto elevado y no se integra". En este caso se plantea un derribo parcial y el Concello espera el proyecto encargado a un arquitecto para cumplir la sentencia.
