La multa de 300 euros por no identificar al conductor desaparecerá en todas las denuncias de tráfico que imponga la Policía Local si el afectado la recurre. El Concello anulará con carácter general el recargo, en principio previsto sólo para infracciones menores cuantificadas en 32 euros, tales como el impago de la tarifa de la XER (aparcamiento en zona azul).
El informe elaborado por los servicios jurídicos municipales avala, según las fuentes consultadas, que los propietarios de vehículos sancionados con 300 euros por no indicar quién manejaba el vehículo en el momento de la denuncia podrán pagar sólo la sanción correspondiente a la infracción cometida si acreditan que no recibieron la notificación o no realizaron el trámite por razones de fuerza mayor. El cambio de procedimiento legal se aplicará con carácter retroactivo a todas las multas resueltas a partir del pasado 2 de septiembre, fecha en que el alcalde, Abel Caballero, anunció su implantación.
La obligación de identificar al conductor seguirá vigente, ya que la Ley de Tráfico lo impone, por lo que el Concello continuará enviando las notificaciones. Los propietarios de los vehículos denunciados, por tanto, tienen que personarse en Praza do Rei para cumplir el trámite. El domicilio al que se envía la carta es el que figura en la base de datos de la DGT, y en muchos casos no está actualizado. Esto provoca que el dueño del coche no la reciba, con lo que se encuentra con que una multa de 32 euros por impago de la XER se convierta en una de 300 por infracción muy grave al no indicar quién manejaba el vehículo. Caballero manifestó a principios de mes que esta situación es "absurda" y aseguró que el Ayuntamiento suprimiría el recargo.
El cambio permite ahora a los afectados que resultasen "ausentes o desconocidos" un "segundo procedimiento". El informe jurídico lo ampara en que la Ley de Tráfico está en trámite de ser modificada, y el nuevo texto prescindirá de la obligación de identificar al conductor en determinadas circunstancias.
El Concello además, no se limitará a obtener el domicilio que figura en la base de datos de la DGT, sino que realizará indagaciones para localizar otras direcciones y paraderos, consultando el censo de población municipal y otros padrones como el del IBI. La norma que aprobará el gobierno local señala que no se devolverá el dinero a las personas que hayan pagado el recargo antes de que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, ya que el procedimiento se realizó conforme a la legalidad.
