El Concello ordena el derribo de una vivienda y dos naves ilegales al exigirlo los tribunales

A. MÉNDEZ La vivienda de Sampaio o las naves de Punta Lagoa son sólo la punta del iceberg. El Concello de Vigo se enfrenta a decenas de edificaciones ilegales construidas sin licencia o que sobrepasan las dimensiones autorizadas, pero sólo en casos excepcionales el caso agota la vía judicial y los mismos tribunales obligan a la Administración local a ejecutar el derribo. Actualmente, la Concejalía de Urbanismo tiene pendiente poner fecha a tres derribos que no pueden esperar y cuyo coste asciende a 126.400 euros. Cumplir las sentencias, la más antigua del año 2000, supone tiempo y dinero, pero tras un año de tramitación, fijar el día es lo único que resta para que la empresa especializada Cordex ejecute la demolición parcial de una vivienda en Canido, una nave de nueva construcción en Freixeiro y un galpón en Beade. Todos en situación irregular.
El 31 de octubre de 2008, Urbanismo sacaba a concurso el derribo de cuatro inmuebles debido a la elevada cuantía del proceso y a la “insuficiencia de medios de la Administración para cumplir las sentencias que condenan al Concello a ejecutarlos”. El 23 de junio pasado la Gerencia de Urbanismo adjudicó definitivamente las obras a Cordex, una empresa de Pontecaldelas con 15 años de experiencia y que ha tenido que revisar los planos de sólo tres de las edificaciones, ya que uno de los dueños acató voluntariamente la sentencia y realizó las obras por su cuenta.
Según consta en las bases del concurso, Cordex dispone de tres meses para completar el trabajo. El equipo técnico de la adjudicataria considera que sólo uno de los expedientes presenta especial complejidad, ya que se trata de una vivienda de Canido habitada en la que tendrán que demoler la última planta y un anexo, sin dañar la estructura central del inmueble.

Rebajar metros edificables

En este caso, el fallo judicial recoge que los propietarios excedieron la superficie edificable y construyeron una altura más de las incluidas en la solicitud de licencia urbanística municipal. Ahora será una empresa externa la que rebaje los metros de la misma y tendrá que hacerlo de forma manual para preservar la base.
“Nos enfrentamos a un trabajo laborioso que nos puede llevar tranquilamente tres semanas o un mes, ya que los operarios deben hacer el trabajo a mano”, explicaban ayer fuentes de la empresa pontevedresa, que destinará durante este tiempo a tres o cuatro obreros a la vivienda, cuyos inquilinos tendrán que realojarse temporalmente.
Más sencillo parece a priori el encargo pendiente en Freixeiro, donde tendrán simplemente que retirar la cubierta de una nave de nueva construcción sin dañar la estructura de la misma. Y el último de los contratos se refiere también a una nave pero pequeña y en mal estado, “una especie de galpón”, según la adjudicataria, que no plantea mayores dificultades operativas.
Fueron técnicos de Urbanismo los que hace ya un año estimaron en 126.399 euros el coste de la demolición. Durante la tramitación del concurso, el propietario de la cuarta nave afectada ejecutó voluntariamente el derribo para acortar los plazos. Son casos excepcionales, reconocen desde el gobierno local, que a los pocos meses de llegar tuvo que mediar con la familia de Sampaio para que aceptase el derribo, que sufragó gratuitamente una empresa del sector. En los casos que ahora ultima el Concello, el coste de las obras se impondrá a los propietarios.