El Concello no quiere pagar la expropiación del suelo para construir la depuradora; y la Xunta tampoco va a hacerlo. El conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández, dejó ayer claro que la administración autonómica no va a correr con el coste de los 62.000 metros cuadrados necesarios para edificar la macroplanta del Lagares, como le exige el gobierno municipal, y defiende que es responsabilidad municipal desembolsar los 10,74 millones en que se ha calculado el valor de los terrenos. Hernández insta al alcalde, Abel Caballero, a "arrimar el hombro", y argumenta que el convenio en el que se reparte la cuantía a aportar entre Ministerio de Medio Ambiente, Xunta de Galicia y Ayuntamiento "recoge que corresponde a este último asumir las expropiaciones". A ello añade que la infraestructura "va a ser de titularidad municipal".
La posición del Concello genera, critica el conselleiro, "un elemento de confusión" cuando aún está por resolver el problema de financiación de la depuradora, que mantiene paralizada la redacción del proyecto final y la obra. La Xunta tiene que aportar 115 millones según el reparto, pero alega que carece de esos fondos y ha pedido al ministerio que le permita diferir en varias anualidades los pagos a la empresa que construya la planta, a fin de contar con el margen suficiente para afrontar sus obligaciones económicas. "El propio alcalde me dijo el viernes que la solución está encauzada, y ahora aparece este nuevo factor, que no es bueno", lamenta Hernández.
El borrador del convenio establece que el Concello aporta 19 millones de los 246 que costará la depuradora. De estos, 10,74 serían para las expropiaciones y 5,6 se destinan a la instalación eléctrica. La parte restante, 3,8 millones, es la tasación de los terrenos de los que ya es propietario el Concello en la zona, y que aportará a la obra.
"Esquema fijado"
El portavoz del PSOE municipal, Carlos López Font, alegó el martes que el acuerdo final no está firmado, y apuntó que la Xunta asumió el proceso de expropiación al publicar en diciembre en el DOG el anteproyecto de la planta y la relación de fincas para someterlos a alegaciones. Hernández indica que el papel de la Xunta no va más allá de identificar las parcelas afectadas, y es al Concello el que le toca tramitar la expropiación. "Nuestra función no va más allá. La depuradora va a ser de titularidad municipal y el Ayuntamiento tiene que seguir el proceso. El esquema está fijado en el borrador de convenio", enfatizó.
Los problemas de la Xunta para comprometer sus 115 millones mantienen bloqueada la licitación desde hace más de seis meses. El anterior conselleiro, Manuel Vázquez, anunció que el acuerdo se firmaría en enero y se licitaría proyecto y obra conjuntamente para acelerar la construcción. Finalmente lo pospuso a después de las elecciones autonómicas al alegar que debía ser el Gobierno entrante el que rubricase el convenio. La nueva Xunta alega que no puede hacerlo al asegurar que no dispone de los fondos necesarios.
