El Concello demolerá una nave “construida sin licencia” en el puerto de A Lagoa destinada al almacenamiento de barcos. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en sentencia del 21 de mayo declara ilegal la edificación y da por bueno el fallo del contencioso-administrativo de Vigo, que ya el año pasado instaba a su derribo. Superado el mes que se concede a los propietarios para que ejecuten la sentencia voluntariamente sin que se hayan registrado movimientos en la zona, el concejal de Urbanismo, José Mariño, anunciaba ayer que el gobierno local procederá a la ejecución subsidiaria de las obras de demolición. El Concello sacará a concurso en las próximas semanas la contratación del derribo, que realizará una empresa externa.

La Gerencia de Urbanismo adoptó esta decisión tras desechar el pasado 14 de septiembre la solicitud de la Autoridad Portuaria de Vigo de aprobar una modificación puntual del Plan Especial de Ordenación del Puerto que permitiera dar cobertura legal al inmueble, ejecutado por Astilleros y Construcciones Lagoa S.A., cuyo socio mayoritario es el presidente del Grupo Pescanova, Manuel Fernández de Sousa.

Mariño aclaró ayer que “la solicitud es ilegal y Porro la hace a sabiendas de que no puede aprobarse, pues la ley 48/2003 -del régimen económico de los puertos de interés general- exige que con carácter previo a cualquier modificación de la ordenación del Puerto se apruebe el Plan de Utilización de Espacios Portuarios”. Además, aseguró que “existen varios informes urbanísticos negativos emitidos por la Gerencia en 2005, cuando era alcaldesa”.

El concejal de Urbanismo acusó a la presidenta del Puerto, Corina Porro, de “primar los intereses de un particular sobre el bien común” y le advirtió de que el gobierno vigués “no permitirá que el Puerto utilice el urbanismo para solventar una situación concreta. Es una ocurrencia más de la señora Porro. ¿Por qué no tuvo esta misma ocurrencia cuando llegó la orden de derribo de la casa de Sampaio?”, se pregunta el edil, que acusa al PP de tener “una doble vara de medir para particulares y empresarios”.

“La solicitud es legal”

La respuesta no se hizo esperar por parte de Corina Porro, que defiende la legalidad de modificar puntualmente el plan de ordenación del Puerto para legalizar la nave de Punta Lagoa después de ser aprobada la solicitud “con todos los votos a favor salvo la abstención de Abel Caballero en el Consejo de Administración del Puerto del 31 de julio y ante la presencia de un abogado del Estado”.

La empresa solicitó el cambio de ordenación al Puerto de Vigo y éste, tras darle su visto bueno en julio, pidió la ratificación de Urbanismo. “Si hubiera cualquier ilegalidad, nuestros técnicos la hubieran detectado”, asegura Porro, que acusa a los socialista de ejercer “una política revanchista” y destruir puestos de trabajo.

“Para los empresarios sólo hay dos opciones, o con ellos o contra ellos”, denuncia la popular, que defenderá “toda actividad que genere empleo en la ciudad” y no entiende “el interés del gobierno por perjudicar a un empresario”.

Porro se pregunta además por qué Caballero no mostró su disconformidad con la modificación del plan de ordenación del Puerto en el Consejo de Administración. “Si tenía intención de pararlo debió decir algo en la reunión, pero es un cobarde”, asegura tajante.

La sentencia del TSXG contra esta primera nave de Punta Lagoa es firme y no cabe recurso. Urbanismo confirmaba ayer que la situación de las otras naves del puerto y del restaurante “es también irregular, si bien los propietarios aún no han agotado la vía judicial y están pendientes de recurso”, por lo que de momento se mantendrán en pie. Eso sí, el restaurante fue precintado por el gobierno local en verano por carecer de licencia y permanece vacío.