A. MÉNDEZ
Hace alarde de austeridad y simpatía. Lucía Molares cumple cuatro meses como delegada de la Xunta en Vigo con el empleo y los servicios sociales como prioridades de su gestión. Defensora del diálogo, no se la verá en ninguna movilización en defensa del juzgado Mercantil, pero afirma que recibirá “muy contenta” su llegada a la ciudad. Acaba de estrenar despacho con mobiliario reciclado y aspira al final de la legislatura a dejar consolidada la nueva estructura administrativa de la Xunta con un único delegado.
–¿Es difícil actuar de intermediaria entre la Xunta y el Concello tras endurecerse su enfrentamiento por el juzgado Mercantil y el albergue?
–Entiendo que dos administraciones y de distinto partido ven los problemas de diferente manera. Pero este Ejecutivo se caracteriza por su visión de conjunto. Intentamos gobernar para todos, pero en el tema concreto del albergue, desde el principio surgieron diferencias entre los dos grupos del gobierno municipal y esto ha dividido a la ciudadanía y dificultado la resolución del problema. El albergue es una infraestructura clave, pero hay que abrirlo donde no genere rechazo social. Ha sido negativo que dentro del Concello hubiese posiciones encontradas.
–¿Por qué es tan complicado que la Xunta apoye abiertamente el juzgado Mercantil en Vigo?
–Vigo tiene la particularidad de que no es capital de provincia e históricamente a las administraciones les ha costado reconocer esa aportación extra de la ciudad a Galicia. Pero estoy convencida de que en estos cuatro años, con un presidente que se siente vigués, la ciudad tendrá respuesta a esas necesidades específicas como gran ciudad que es a través de infraestructuras y nuevos servicios.
–Por su cautela, entiendo que no se la vería en una movilización a favor de ese juzgado...
– Creo que he demostrado que defiendo los intereses de mi ciudad, pero no soy partidaria de movilizarse. Creo en la palabra, el diálogo y en otra forma de luchar por las cosas, con datos y argumentos. Pero soy muy optimista y estaré muy satisfecha si le conceden ese nuevo juzgado a Vigo. Lo necesita.
–PSOE y BNG calificaron su nombramiento como el de una comisaria política. ¿Se ha sentido así en algún momento?
–Pueden decirlo, pero estoy convencida de que no se lo creen ni ellos. Mi papel está claro: trabajar por Vigo y los otros trece municipios que me toca coordinar, y lo estoy haciendo.
–¿Confía en cumplir los cuatro años de legislatura como delegada territorial de la Xunta?
–Cuando asumo un reto lo hago con todas las consecuencias y sin mirar hacia otros estadios posibles. Este no es un puesto electo. Sé que dependo de quien me nombró, pero hay trabajo para cuatro años y muchos más. Además, considero una responsabilidad dejar la nueva estructura periférica de la Xunta plenamente afianzada y demostrar que ahorra dinero y mejora la coordinación.
–Pero si la llamara Núñez Feijóo, ¿aceptaría la presidencia de la Autoridad Portuaria?
–[Sonríe] Desde luego estoy a disposición de mi partido, pero me siento muy a gusto aquí. Éste es un reto suficientemente ilusionante y quedan muchos proyectos por materializar.
–¿No se lo ha planteado?
– Pienso en el ahora. Me siento cómoda en este puesto y no, no he pensado nunca en esa posibilidad.
–Los grandes proyectos de Vigo están en suspenso, pendientes de una revisión. ¿Cree que la Xunta entiende las necesidades de la ciudad?
–Poner en marcha un gobierno lleva tiempo. No se puede desechar todo, pero sí tenemos obligación de analizar los proyectos para cambiar lo que está mal y también poner en marcha iniciativas propias, pero eso requiere tiempo. Vigo reclama desde hace años grandes mejoras no atendidas, pero en cuatro meses hemos dado prueba de que trabajamos seriamente por los temas importantes. Se contrató la tramitación del expediente de expropiación de los terrenos del nuevo hospital, se está buscando un acuerdo económico para construir la depuradora y se aprobaron 15 millones de euros para la Cidade da Xustiza, en la que faltan los terrenos.
–Pero lo que no hay son fondos para ampliar de forma inmediata los comedores...
–A un gobierno que entra en la mitad de un ejercicio económico no se le puede pedir lo que no se exigió al bipartito. Sabemos que hay que ampliar los comedores pero no hay presupuesto. Y aún así planteamos un protocolo por el que aportaríamos nuestra parte el próximo año. Me esfuerzo por mantener una relación cordial con el Concello, pero en este tema el alcalde no es coherente. Yo misma en el Concello pedí ampliar los fondos para Educación y él dijo que no.
–A nivel de gestión propia de la delegación, ¿en qué se han centrado?
–Empleo y servicios sociales son nuestras prioridades. Trabajamos muy en serio en dependencia y hemos resuelto 550 expedientes en cuatro meses. Otro de los ejes de actuación es la lucha contra el desempleo, a la que en Vigo se ha destinado más de un millón de euros que permitieron contratar a 166 personas. Se aceptaron casi todos los planes del Concello en materia de trabajo y formación y seguiremos colaborando.