MARTA FONTÁN
Tolerancia cero. La Fiscalía se ha propuesto luchar contra todas las infracciones e imprudencias que pongan en peligro la integridad de los automovilistas. Y es en este contexto donde comenzará a aplicar novedosas medidas penales: los fiscales vigueses actuarán contra los empresarios que exploten a conductores de camiones o autobuses obligándoles a realizar más horas de las permitidas legalmente y también contra quienes manipulen los tacógrafos que se instalan en estos vehículos para registrar los kilómetros recorridos, la velocidad y el descanso de los chóferes. La puesta en marcha de esta medida supondrá en la práctica que lo que hasta ahora se tipificaba como infracciones administrativas pasará a considerarse una conducta delictiva que podrían acarrear condenas de hasta tres años de cárcel.
El elevado número de siniestros en los que se ven implicados vehículos de transporte de mercancías o de viajeros puso en alerta a la Fiscalía. "Una parte muy importante de los accidentes de tráfico se producen en el ámbito laboral; y algunos se deben precisamente a que se incumple la normativa de descanso de los conductores", explica Carlos Gil, el fiscal especializado en los asuntos de seguridad vial en la provincia pontevedresa. Y dos son las infracciones que desde ahora podrán llevar a sus responsables al banquillo de los acusados. "La primera se refiere a las conductas de abuso y explotación de los viajes laborales en los que no se cumplen los horarios de conducción y descanso generadores de estrés, fatiga o sueño, lo que supone un intenso peligro; la otra, muy relacionada con la primera, es la alteración o manipulación que en ocasiones se realiza de los tacógrafos", concreta.
Dos son los delitos con los que se castigarán estas conductas. Para las situaciones de explotación en los viajes laborales, se aplicará el delito contra los derechos de los trabajadores, que prevé penas de prisión de hasta tres años de cárcel y multa de hasta doce meses. "Sin perjuicio de que también se pueda acusar de homicidio o lesiones imprudentes si hay personas fallecidas o heridas si se produce un accidente", añade Gil. En el caso de las manipulaciones de los tacógrafos, se aplicaría el delito de falsedad, que también está penado con multa y penas que van desde los seis meses a los tres años de cárcel: los culpables podrán ser los conductores, los empresarios que conocen e inducen las alteraciones, los titulares de los vehículos o los responsables (o empleados) de talleres que instalen o falsifiquen estos aparatos.
Y es que la manipulación de tacógrafos no es un hecho aislado. "En los últimos años se ha demostrado que las presiones económicas y la competencia en el transporte por carretera han llevado a determinadas empresas y conductores a no respetar ciertas normas, en particular las relativas a los tiempos de conducción y descanso, cuyo incumplimiento puede originar una grave puesta en peligro de los usuarios de la vía", precisa el fiscal especializado en delitos de tráfico. Y a juicio de la Fiscalía, en muchos casos se está acudiendo a la alteración de estos aparatos para "escapar del control" que se ejerce sobre este tipo de transporte.
Las medidas penales que se empezarán a aplicar en la ciudad no son nuevas en otros países. En Inglaterra, Francia o Portugal ya se imponen condenas por este motivo.