REDACCIÓN
El alcalde Abel Caballero, anunció ayer que convocará el mes próximo el Consejo Asesor de Justicia, integrado por representantes de los jueces, fiscales y procuradores, para conocer de primera mano las demandas de estos colectivos. Los integrantes del organismo analizarán los requerimientos de nuevas salas, así como el futuro de la Ciudad de la Justicia, para que el propio regidor las transmita al ministro Francisco Caamaño. El decano del Colegio de Abogados, Alfonso Álvarez Gándara afirmó ayer tras reunirse con el alcalde que las necesidades más perentorias son la nueva sección de la Audiencia y el Juzgado de lo Mercantil.
Caballero opina que "todo señala" que "definitivamente" el Consejo General del Poder Judicial "decidirá" que el nuevo Mercantil se instale en la ciudad. En este sentido agradeció el "compromiso y voluntad" del Gobierno central, así como el informe favorable ya emitido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Álvarez Gándara puso de manifiesto que existen "necesidades apremiantes" en Vigo y también se refirió al Mercantil. "La impresión, a la espera del decisivo acuerdo del CGPJ, es que probablemente vendrá por fin", apuntó.
Con todo, el decano de los letrados puso especial énfasis en la necesidad de la nueva sala de la Audiencia. "No se puede hacer mayor esfuerzo humano en la sala actual, pero el caudal es tan arrollador que sufre con mucho el poer retraso que se da en todo el territorio del Estado", advirtió. Como medida paliativa, mientras no se crea, pidió que se incorporen seis nuevos magistrados. "Están comprometidos cinco, pero seis es el número necesario para desdoblar la sala", argumentó.
Críticas de Lores
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, se pronunció ayer sobre el respaldo del TSXG a la sala de lo Mercantil. Asegura que la creación de una delegación territorial en Vigo ha supuesto "crear una quinta provincia en la práctica desde el punto de vista administrativo que luego hay que llenar de contenido".
Fernández Lores acusó al Partido Popular de "abrir la espita en temas que generan en la práctica la división administrativa de la provincia" y aseguró que, con su decisión, han facilitado "la creación de otro tipo de dependencias que justifiquen este componente de subprovincia".