A. M.
La Xunta se inhibe. El informe solicitado a la Consellería de Presidencia acerca de la ubicación del juzgado de lo Mercantil no se posiciona a favor de ninguna ciudad –Vigo o Pontevedra– y deja la decisión en manos del Consejo General del Poder Judicial. El departamento de Alfonso Rueda, consultado sobre la posible ubicación del nuevo órgano en la ciudad olívica, garantiza que está capacitado para ponerlo en marcha y atender las obligaciones que le correspondan a la Administración autonómica, si bien elude posicionarse a la espera del informe que debe emitir hoy el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el definitivo que corresponde al Poder Judicial.
El Gobierno gallego evita así enfrentarse a alguna de las dos ciudades, aunque aprovecha el informe para reprender públicamente a los responsables públicos que con sus opiniones "parecían pretender condicionar la decisión del órgano constitucional", en referencia al ultimátum del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que la semana pasada advirtió de que convocaría al Consello Social si la Xunta no apoyaba explícitamente a Vigo.
No lo ha hecho. Pero la Consellería de Presidencia sí se pronuncia respecto al ámbito de competencias que debe tener el tercer juzgado Mercantil de la provincia de concederse a la ciudad olívica. "Debería ocuparse exclusivamente de los asuntos correspondientes al Partido Judicial de Vigo, atribuyéndose los de los restantes partidos –Redondela– a las dos salas ya existentes", ambas en Pontevedra.
El Ejecutivo autonómico se permite hacer esta consideración apoyado en los datos de evolución de la litigiosidad de los juzgados de lo Mercantil pontevedreses y sus cargas de trabajo, "con especial atención a la incidencia del número de procedimientos concursales". Su intención es lograr "una distribución proporcionada de los asuntos entre los distintos órganos jurisdiccionales que facilite a la consellería el ejercicio de sus competencias desde la entrada en funcionamiento del tercer Mercantil, si se decidiese por el Consejo su creación como órgano desplazado en Vigo".
El documento firmado por el director xeral de Xustiza, Juan José Martín Álvarez, y remitido ayer al Consejo General, contempla como posibles cualquiera de las dos ubicaciones: Vigo o Pontevedra, pero se pronuncia únicamente sobre la primera posibilidad porque el Poder Judicial sólo le pregunta sobre "la posible constitución del Juzgado de lo Mercantil número tres en Vigo".
Presidencia recuerda en su informe que fue el bipartito el que "optó por no promover la modificación de la Ley de Planta y Demarcación, circunstancia que habría garantizado la ubicación del Mercantil en Vigo, dejando así la decisión final de modo exclusivo y directo al Consejo General del Poder Judicial". La consellería responsabiliza al Gobierno de la actual situación de la sala y recuerda que "de forma unilateral" sustituyó la solicitud de creación de un Juzgado de Familia para Vigo por el Mercantil cuyo emplazamiento estaba en aquellos momentos sin decidir.
El de la Xunta es uno de los dos informes en los que se basará el Poder Judicial para tomar su decisión, que debe producirse en las próximas semanas para que el juzgado, en una u otra ciudad, pueda estar en marcha este mismo año, como está comprometido por el Gobierno central.