Las nuevas medidas de tráfico cuadruplican los ingresos por multas hasta los 11 millones

J. PASTORIZA Multamóviles, radares y el cobro de las denuncias de la XER, antes testimonial, han revolucionado los ingresos del Concello por sanciones de tráfico. Los datos económicos municipales de 2008, que irán al pleno del lunes, lo acreditan, ya que la recaudación por ese concepto se estimó en su Presupuesto anual en 3,2 millones, y al cierre del ejercicio la Policía Local había impuesto multas por 11,4, casi cuatro veces más. Este año la dinámica es la misma. La previsión se sitúa también en 3,2 millones de euros, y en julio el Ayuntamiento ya se había embolsado 4,3, una cifra además muy inferior a la de denuncias formalizadas, ya que el cobro se ralentiza por los trámites y recursos.
El concejal de Tráfico, Xulio Calviño, defiende las medidas de control implantadas y argumenta que "mejoró la seguridad en las calles, ya que cada año se reducen los índices de siniestralidad". El principal motivo del salto en 2008, según expone, se debe a que en verano los controladores de la XER –aparcamiento en zona azul– empezaron a denunciar a los conductores que infringían la norma. Hasta esas fechas las multas debían ser validadas por la Policía Local, y sólo se cobraba el 0,5% de las que se imponían. "Era una tomadura de pelo. Ahora realmente funciona la rotación de vehículos en la zona XER, y los ciudadanos lo agradecen. La eficacia recaudadora ha mejorado, pero no existe ningún tipo de afán en ingresar más", sostiene Calviño.
Otro de los factores que elevaron la cuenta ha sido el incremento de denuncias en las que no se identificó al conductor. La sanción para el propietario del vehículo por omitir este trámite obligatorio es de 300 euros (210 si se paga en periodo de bonificación). La mayoría de las infracciones están penalizadas con una cantidad muy inferior.

Críticas
El PP, que ayer compareció para criticar la gestión económica del gobierno bipartito, calificó de "escandalosa" la cifra, y a su juicio la previsión fue una "operación de maquillaje" del Presupuesto de 2008, según manifestó el concejal de la oposición Jorge Conde.
Calviño descarta implantar nuevas medidas de sanción, y apunta que "se continuará con la inercia actual. A la acción de los agentes se une la actividad de tres radares fijos que se rotan en nueve cabinas instaladas en distintos puntos de la ciudad, un cinemómetro móvil, dos multamóviles, y los vigilantes de la XER. Los medios tecnológicos y las denuncias de los controladores reportan a las arcas municipales la mitad de su recaudación por infracciones en la carretera.
La cifra de 3,2 millones presupuestada por el Concello el año pasado y el actual es, pese a haberse quedado pequeña, la más elevada de toda Galicia. Triplica la del Ayuntamiento de A Coruña, que estima sus ingresos por denuncias de tráfico en un millón. En la ciudad herculina también aumenta la cantidad real respecto a la previsión, aunque el mayor desfase fue de 900.000 euros. La cuarta parte del dinero que percibe el ayuntamiento por infracciones se debe a mal estacionamiento, incluida la doble fila, pese a la acción de los dos vision car.

Sanciones de 30 euros que salen en 210
Incumplir la obligación de identificar al conductor, trámite previo al pago de la multa, puede salir muy caro. El Concello ha impuesto sanciones de 300 euros –cantidad que se rebaja a 210 si se salda en el periodo de bonificación– a ciudadanos que no confirmaron quién manejaba el vehículo en el que se cometió la presunta infracción en los 15 días de plazo legal para hacerlo. Entre los casos figuran multas por el impago de la tarifa de la zona azul, penalizados con 30 euros. La persona sancionada es siempre el propietario del coche.
El departamento de Tráfico ha recibido quejas de afectados que alegan que no llegó la notificación a su domicilio. La empresa que se tramita la recaudación envía las cartas a la dirección registrada en la base de datos de la DGT, que en muchos casos no es la actual de los dueños del coche. Calviño afirma que, ante esta situación, ha dado instrucciones para que el Concello revise sus propias bases de datos, como el padrón municipal, a fin de conocer si las direcciones coinciden y garantizar así que la notificación llega a la vivienda correcta.
El letrado Abraham Tenoira, del bufete Motor&Iuris –especializado en estas denuncias–, explica que "el Concello está obligado a hacer una indagación mínima en sus bases antes de notificar". Así lo establecen dos sentencias del Tribunal Constitucional. Una de ellas de 22 de octubre de 2007, anula sanciones por 9.000 euros en multas impuestas a un despacho de abogados debido a que el Ayuntamiento de Madrid disponía de la dirección actualizada en el padrón del IAE, y envió la notificación a la que constaba en la base de la DGT.