J.M.
La cesión del Concello, hace casi tres años, del edificio anexo del rectorado en la calle Oporto a la Diputación para habilitar su sede en Vigo ha creado un problema económico que por fin ha entrado en vías de solución.
Al tratarse de un conjunto administrativo dependiente de la Universidad, el llamado edificio anexo comparte instalación de energía eléctrica y calefacción con el antiguo rectorado y efímera sede de la Alcaldía durante el mandato de Corina Porro, y como los servicios municipales consideran que la separación de las redes para que cada institución asuma los costes económicos que le corresponden por consumos resultaría muy costosa y técnicamente muy complicada, se ha buscado una solución de bajo coste y fiable.
Una de las principales dificultades para la separación de las redes consiste, según los servicios técnicos municipales, en que en el caso de los sistemas de calefacción sería necesario incluso habilitar un nuevo local como sala de calderas.
Para ello se celebró una reunión entre los técnicos del departamento de Servicios Electromecánicos del Concello y los de la Diputación, llegándose al acuerdo de instalar dos contadores secundarios. Uno de energía eléctrica y otro de calorías para deducir el consumo equivalente del gasóleo utilizado en calefacción y agua caliente sanitaria.
Nuevo sistema
A partir de ahora, se fijará un sistema de facturación para la energía eléctrica y otro para el sistema de calefacción. Para el primero de los casos, el Concello remitirá mensualmente un informe a la Diputación en el que se hará constar el consumo eléctrico de las instalaciones que ocupa el organismo provincial y la factura de la compañía eléctrica correspondiente al consumo total de los dos edificios. De esa factura se calculará el importe que corresponde a cada una de las dos instituciones en función de la lectura de sus respectivos contadores, para que así los servicios económicos de la Diputación ingresen en las arcas municipales las cantidades resultantes.
En el caso de la calefacción y el agua caliente sanitaria, la solución adoptada pasa por el cálculo previo a los llenados de los depósitos de combustible. El gobierno local enviará otro informe a la Diputación sobre su consumo para que la compañía suministradora del gasóleo le facture directamente los litros gastados para llenar parte del depósito, siendo por cuenta del Concello el resto del combustible necesario para completarlo.
Lo que no deja abierta la resolución de la Junta de Gobierno Local es la posibilidad de que la Diputación rellene ese depósito con un proveedor distinto al del Concello en el caso de lograr mejor precio.
La sede de la Diputación en Vigo ocupa la totalidad del inmueble con instalaciones que van desde salas de reuniones a aulas pasando por distintos despachos, mientras que el antiguo rectorado es utilizado ocasionalmente para algunas reuniones municipales y alberga de manera estable la concejalía de Educación. El Concello ha cedido también unos locales para la sede de la Oficina de Cooperación Transfronteriza que prácticamente carece de equipamiento.