TAMARA NOVOA
La crisis económica vuelve a poner en el candelero los problemas de morosidad. Alrededor de 2.000 bloques de viviendas de la ciudad sufren los impagos de alguno de sus vecinos, según un informe elaborado por Arrenta, Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda. Esta situación desemboca en pleitos y en muchas ocasiones en los juzgados. Las demandas de las comunidades de vecinos son en el 58% de los casos por impagos de las cuotas o derramas, muy por encima de otras razones como obras no consentidas, instalación de ascensores o la indeterminación de los espacios comunes y privados.
"Desde finales del 2008 notamos un repunte en los casos de morosidad", afirman la mayoría de los administradores de fincas. "Antes los casos eran muy puntuales y casi anecdóticos", afirma Rafael Charro responsable de Sercay. "Ahora mismo hay muchas familias con dificultades económicas", añade Charro. Desde que en 1999 entró en vigor la ley que regula la morosidad las deudas disminuyeron de forma abismal. La ley multa a aquellos vecinos que no abonan las cuotas y puede embargar la vivienda en los casos más extremos. Sin embargo, la tendencia a la baja se rompió este primer semestre. "Y lo peor aún está por venir", señala el administrador Vicente Giráldez. "La gente aún tiene cobertura porque está recibiendo la prestación por desempleo, el problema real vendrá cuando dejen de recibirla", vaticina Giráldez.
Las administraciones de fincas se preocupan por evitar la morosidad entre los vecinos. "En el momento que algún residente devuelve un recibo, llamamos para ver que es lo que está ocurriendo", afirma Rafael Charro, "antes de que el problema se agrave", agrega. Aunque con la nueva ley los vecinos se lo piensan más antes de no pagar la comunidad por miedo al embargo, muchos retardan el abono comunitario porque no tiene consecuencias tan inminentes como la demora en otras deudas. "Bienes de primera necesidad como la comida no se ven tan afectados, o recibos como el agua o la luz; porque les cortan el servicio. Las consecuencias de no pagar la comunidad no suelen ser tan drásticas, o al menos tan rápidas", comenta Miguel Álvarez uno de los administradores de fincas de la ciudad.
Los problemas de impagos se dan sobre todo en urbanizaciones nuevas en las que los propietarios son jóvenes que se han quedado sin trabajo. "Aunque tenemos algún caso; nosotros no nos vemos tan perjudicados como otros administradores porque trabajamos en calles como García Barbón, Rosalía de Castro o el Areal que acogen a familias más consolidadas económicamente", afirma Charro.