Los promotores reclaman que Xunta y bancos pacten los requisitos para optar a pisos sociales

A. MÉNDEZ Un enfoque completamente nuevo. Los promotores pontevedreses reclaman a la Xunta una revisión de los requisitos para acceder al registro público de demandantes de vivienda protegida en la que a su juicio debería contarse con las entidades financieras. El gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra, Miguel Font, aconseja pactar con los bancos los condiciones que deben cumplir las familias anotadas para garantizar que todos los registrados “son solventes y tienen posibilidades reales de quedarse con un piso en caso de que les sea adjudicado”.
Denuncian los promotores que la “falta de fiabilidad” de la actual base de datos, en la que figuran sólo en Vigo más de 8.000 familias, “es uno de los factores importantes que echan para atrás a las constructoras. Mientras no se garantice la viabilidad de la operación los empresarios no se animan a construir vivienda pública”, advierte Font a la Consellería de Medio Ambiente y Vivienda, que tiene pendiente de ejecutar las cuatro últimas fases del polígono de Navia.
El problema es que en el registro de demandantes hasta ahora podía anotarse cualquier familia, a la que no se comprueba su nivel de ingresos teóricamente bajo hasta el momento en que es seleccionada en un concurso de vivienda pública. Esto hace que se repitan las renuncias forzando un segundo concurso, como ocurrió hace dos años con 19 viviendas de Tui donde aún hoy la mitad está sin ocupar.
El irregular nivel de ingresos de las miles de familias anotadas es lo que anima a Aproin a sostener que las abultadas cifras del registro de demandantes “se han utilizado como herramienta de presión hacia los constructores”, que sostienen que la demanda real de vivienda pública en la ciudad “es muy inferior, puede que de la mitad”.
No es ese el único error que advierten en el registro, pues aunque se cribe, como plantea el departamento de Agustín Hernández, se añadiría el segundo problema del endurecimiento de las condiciones para obtener créditos, lo que dejaría a los posibles beneficiarios en alrededor de medio millar, según sus cálculos estimativos.
“No se necesitan tantos pisos protegidos como contempla el nuevo Plan Xeral. El tema de la vivienda protegida se ha utilizado de manera partidaria en la ciudad, pero la Administración debe entender que sólo se puede construir para los demandantes solventes”, advierte Font tanto al Concello como a la Xunta.
A la Administración autonómica Aproin le pide una revisión a fondo del registro y la sustitución de los concursos por listas abiertas en las que los demandantes se inscriban directamente para las promociones que más le interesen. Mientras que al Concello le pide que agilice la gestión del suelo y todas las viviendas que prometió. “¿Dónde están las gestiones de Caballero? ¿Y los pisos prometidos?”, se pregunta el gerente de la patronal, que insiste en que los empresarios “no están en contra de la vivienda pública, pero tampoco se van a comer un bloque de pisos que no se venden porque el Gobierno no revisa previamente la solvencia de los demandantes”.

Caballero: “Vivenda firmó un acuerdo en Navia y debe cumplir”
La supuesta falta de fondos esgrimida por el Gobierno autonómico para posponer la conclusión de las cuatro últimas fases de Navia ha sido duramente contestada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien advierte a la Consellería de Vivenda de que en noviembre “firmó un acuerdo con el Gobierno local para desarrollar el polígono residencial y tiene que cumplirlo”. El regidor vigués se muestra “sorprendido” por los argumentos del departamento autonómico y avisa de que la mala situación económica no es “excusa” para dejar sin fecha el proyecto porque este año no se requieren fondos. En 2009 sólo sería necesario iniciar el planeamiento, “con un coste no superior a los 100.000 euros”, de tal forma que la inversión fuerte no se acometería hasta dentro de más de un año, cuando ya debieran estar aclaradas las cuentas del Instituto Galego de Vivenda e Solo.
Xunta y Concello firmaron en noviembre el acuerdo que permite ampliar el número de pisos que faltan por construir en Navia de 800 hasta casi 1.500. “El acuerdo existe y sigue adelante”, advierte Caballero.
El alcalde exige al Gobierno de Núñez Feijóo que cumpla sus compromisos con Vigo “como lo está haciendo el Concello. Estamos elaborando los proyectos para construir 3.203 viviendas públicas en nueve ámbitos de la ciudad -Petete, Poulo, Troncal y Pontenova, entre otros- y en algo más de un año estarán en construcción”. Aunque algo más lentos de lo esperando, Caballero reitera que “desde la Administración local se está cumpliendo lo prometido en materia de vivienda pública” y reclama al Ejecutivo gallego que se posicione al mismo nivel. Reclama que abandone “las excusas sin verosimilitud y se ponga a trabajar por la ciudad” para conjuntamente finalizar casi 5.000 viviendas en dos años y medio.