La piqueta se aleja; los vecinos respiran

ANA NARVÁEZ Casi 200 pisos habitados por más de 300 personas que viven desde hace diez años bajo la amenaza de demolición en la urbanización de Jacinto Benavente. Los vecinos respiraban ayer aliviados al conocer la noticia de que la Gerencia de Urbanismo aprobará hoy la legalización de la obra, adaptándola a los márgenes del Plan Xeral. Los más escépticos, sin embargo, se muestran cautos: "Hasta que no veamos el acta, no nos creemos nada. Después de tantos años...", comentaba uno de los afectados.
Y es que desde que en 1999 el Tribunal Superior de Xustiza anulase el permiso de edificación, sus residentes vivieron en una especie de montaña rusa: momentos de optimismo al estar convencidos de que "era imposible que la demolición se produjese", para enseguida caer en la "desesperación al ver noticias en la prensa". "Hubo momentos críticos de verdadero temor,", confiesa Elena Valiño, actual vicepresidenta de la comunidad, que "los peores años, fueron en torno al 2004". Elena censura la falta de información de entonces, pues muchos propietarios que compraron cuando la sentencia era firme no fueron advertidos. El suyo, explica, es uno de esos casos. "Parece que tienes que tener conocimiento de leyes y arquitectura para que no te engañen", se lamenta.
Por eso los vecinos decidieron tomar las riendas y formar una comisión con un abogado al frente._"Queríamos enterarnos de nuestras posibilidades y hacer frente al problema", aclara Elena.
Sin embargo hubo inquilinos que nunca terminaron de creerse que la orden de derribo, ratificada por el Supremo en 2002, fuese en serio. "La gente pensó que no iba a suceder; decían que como nunca se derribó un edificio en Vigo, no iba a ocurrir nada. Por eso se dejó todo para el final", comenta Patricia Martínez, que adquirió su piso en 1997 ayudada por una subvención de la Xunta y a quien le quedan cuatro años de pagar su hipoteca. Por eso el temor llegó a apoderarse de ella por momentos: "¿Qué haríamos mientras no nos diesen la indemnización, además de seguir hipotecados por una vivienda que dejaría de existir?", se pregunta.
Javier Lois, abogado, no duda. Pertenece al sector optimista: "Sabíamos que el Concello buscaría una solución. Al tratarse de una expropiación –razona– debería pagar el justiprecio antes de desalojar". Una suma en indemnizaciones que sería millonaria.
Hacer frente ahora a las derramas que adecuarán la construcción al Plan Xeral de Urbanismo es recibido, pese al gasto, como "una buena noticia". El coste asciende a 78.000 euros, pero los propietarios están acostumbrados a pagar. Llevan desembolsando grandes sumas desde hace más de cuatro años para atender los gastos de abogados, a los que tendrán que añadir los arreglos que el Plan exige, principalmente en los garajes, pasos de peatones y aparcamientos. "Dentro de lo malo, es lo mejor que nos podía pasar: arreglarlo y olvidarnos", zanja Elena. Por fin hoy en Jacinto Benavente dormirán tranquilos. En su casa legal.