El Concello legaliza la primera urbanización amenazada de derribo

J. PASTORIZA / A. BLANCO El nuevo Plan Xeral empieza a abrir vías para salvar de la piqueta grandes urbanizaciones de la ciudad declaradas ilegales por los tribunales. La Gerencia de Urbanismo aprobará mañana una resolución de legalización de los 178 pisos de la calle Jacinto Benavente con orden de demolición del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Los técnicos municipales consideran que, con una serie de reformas, el bloque residencial puede ajustarse al PXOM, y de ese modo, obtener la licencia. El alto tribunal anuló el permiso por exceso de edificabilidad y alturas. El Concello pidió al Supremo que no se ejecutase la sentencia, pero su solicitud fue desestimada.
Los propietarios presentaron hace meses un proyecto en el Ayuntamiento para justificar que la urbanización se ajusta al Plan Xeral y demandar la legalización. Los técnicos indicaron una serie de deficiencias, y obligan a subsanarlas, pero los cambios no conllevarían derribo alguno. Las reformas afectan a señalización de plazas de aparcamiento y pasos prioritarios de peatones, y pequeñas obras en el interior del edificio. Realizar los trabajos para volver a estar en regla les costará, según el presupuesto que elaboró la comunidad de afectados, 78.000 euros.
La demolición del bloque, si llegase a ejecutarse, podría acarrearle al Concello una indemnización de más 50 millones de euros –según las estimaciones de los técnicos municipales–, ya que concedió licencia a los propietarios, y ésta fue después anulada por los tribunales. La comisión de gobierno autorizó en 1996 a la promotora Conproint S.L. a levantar el inmueble, que tiene diez plantas. El Tribunal de Xustiza anuló el permiso tres años después, y a partir de entonces se sucedieron los falles judiciales negativos para los vecinos. La promotora recurrió al Supremo, pero su petición fue desestimada en el año 2002.

Nueva posibilidad

La aprobación del PXOM, en agosto del año pasado, abrió una puerta para salvar la urbanización tras años de pleitos. Los afectados se movieron y elaboraron su proyecto, que ahora recibe la bendición municipal.
No son los únicos que quieren acogerse a esta posibilidad. También los afectados de la Colina de Castrelos presentaron su propio plan, aunque el Concello asume que habrá que derribar al menos una parte; y lo mismo han hecho los dueños de pisos de la calle Rosalía de Castro. Igualmente intentan regularizarse a través de la nueva normativa municipal los propietarios de Finca do Conde –donde se han construido dos torres y un centro comercial–, las Torres Ifer y los apartoteles de Samil. Suman más de un millar de viviendas, y en algunos casos el Concello se arriesga a pagar enormes indemnizaciones, ya que los edificios se levantaron conforme a las licencias concedidas. Los técnicos deberán evaluar si encajan en el nuevo PXOM, y las medidas correctoras para otorgar los permisos si es posible regularizarlos.