Una constructora reclama 1,5 millones por mejoras en Navia que el IGVS no autorizó

REDACCIÓN “Si Xestur Pontevedra fuese una empresa privada estaría inmersa en un concurso de acreedores”. Esta tajante afirmación resume el resultado de la Junta de Accionistas de Xestur Pontevedra, que decidió no aprobar las cuentas del anterior Consejo de Administración ante las numerosas irregularidades detectadas. Hasta el punto de que “las pérdidas reales de la sociedad en 2008 podrían triplicar a las contempladas en las cuentas iniciales, pasando de 5 a 16 millones”, según expone el comunicado emitido ayer por la Consellería del Territorio, a la que pertenece Xestur. Entre esas irregularidades figuran mejoras en el Pau de Navia encargadas por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) sin que existiera la autorización de ese gasto. Y ahora la empresa reclama 1,5 millones de euros.

Los trabajos en el polígono de Navia se centraron en el espacio verde. Según la nota oficial, Xestur ejecutó –”por mandato del IGVS”– el acondicionamiento de esa zona, obra adjudicada por 4,9 millones, “pero para la que se tramitó una modificación que incrementaría el coste en 847.000 euros”. En la actualidad, la empresa reclama un complementario por importe de 1,5 millones “por obras realizadas a mayores y para las que no existe autorización de gasto en el IGVS”.

Otra decisión de los anteriores responsables de Xestur afecta a la Plataforma Logística de Salvaterra/As Neves (Plisan) o Puerto Seco. En este caso, “las irregularidades se multiplican”. Por ejemplo, la sociedad adjudicó obras por un importe superior a los 35 millones cuando en la actualidad todavía no tiene los terrenos a su disposición.

Las críticas no acaban ahí. El comunicado expone que ni las cuentas de Xestur Pontevedra ni las del IGVS recogen obras ya ejecutadas por importe de 4,5 millones –correspondientes al movimiento de tierras ya realizado por la Autoridad Portuaria con cargo a los tres socios de la actuación [el otro es Zona Franca] – “ni una provisión de fondos por más de 1,5 millones destinada a satisfacer las obligaciones derivadas de un mayor valor de los terrenos”.

Derechos mineros

Asimismo, da cuenta de que el Consello da Xunta aprobó la firma de un convenio para pagar 7,7 millones a algunos titulares de los recursos mineros. Dicho protocolo establece que la financiación correría a cargo del IGVS, la Autoridad Portuaria y Zona Franca, aunque la consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras aseguró ayer que nunca fue firmado.

Por éstas y otras “irregularidades”, la Junta de Accionistas de Xestur decidió encargar una auditorio externa para conocer la situación real de la sociedad.