La Xunta anterior renunció al tercer juzgado de Familia a cambio de un Mercantil aún sin decidir

UJUÉ FOCES La polémica decisión del Gobierno de dejar a Vigo sin el ansiado y necesario tercer juzgado de Familia, que debía entrar en funcionamiento este mismo año, tiene una explicación. La Xunta anterior, gobernada por PSOE y BNG, renunció a esta sala cuando ya estaba comprometida, ante la posible creación de un Juzgado de lo Mercantil en la ciudad, que sigue sin estar confirmado. La Consellería de Xustiza modificó el acuerdo alcanzado en la comisión mixta del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y la Xunta en octubre sin que el decano de los jueces de la ciudad olívica tenga constancia. En dicha comisión, siendo conselleiro de Presidencia Xosé Luis Méndez Romeu, se acordaron los juzgados que necesitaba la comunidad según el cupo que le correspondía. Una propuesta que el Ministerio de Justicia siempre tiene en cuenta y que incluía la sala de Familia.
La directora xeral de Xustiza, Begoña Santos, remitió con fecha 11 de diciembre de 2008 un escrito al ministerio en el que pedía que ante la posibilidad de creación de un Juzgado de lo Mercantil en Vigo, y habiendo solicitado la Comunidad Autónoma para 2009 el Juzgado de Primera Instancia número 13 (que se convertiría en el tercero de Familia), se modificase la propuesta de forma que dicho juzgado de Primera Instancia se crease como Juzgado de lo Mercantil, con carácter preferente a su configuración como Juzgado de Familia.
La responsable autonómica avalaba el cambio por las circunstancias sociales y económicas, así como por el elevado volumen de asuntos existentes en materia mercantil. La decisión política, sin embargo, no se habría comunicado a los responsables judiciales debido al desconcierto y el malestar que ha generado en la judicatura el hecho de que el Juzgado de Familia de Vigo sea el único órgano de la propuesta acordada por la comisión mixta que no se creará este año en Galicia. De aquella reunión salieron, además, como órganos de urgente y necesaria creación, tres plazas de magistrados para el TSXG, un juzgado Social y otro Mercantil en A Coruña y otros tribunales en Tui, Ferrol y Lugo, que sí comenzarán a funcionar este mismo año.
El malestar de la judicatura llevó hace unos días al decano de los jueces vigueses Jaime Bardají, a considerar “incomprensible” que el Gobierno dejara a Vigo sin el “urgentísimo juzgado de Familia”, ya que los dos jueces actuales trabajan más de un 120% por encima de los módulos, dictando casi 1.500 sentencias al año, además de resolver otras muchas cuestiones como custodias, regímenes de visitas y pensiones compensatorias o alimenticias.
Bardají, que señaló que se trata de una sala de “indudable trascendencia en el ámbito familiar y de las personas”, tenía previsto requerir al presidente del TSXG que indagara los motivos por los que el Consejo General del Poder Judicial había decidido no crear la sala de Vigo.
La exclusión del tercer juzgado de Familia se conoció hace apenas dos semanas, cuando el decano, que había anunciado su puesta en marcha, advirtió que se pondría en contacto con la nueva Xunta pues habría que buscarle ubicación ante la falta de espacio físico en los dos edificios judiciales actuales por la paralización de la Ciudad de la Justicia.
El decano del Colegio de Procuradores, Jesús González Puelles, hizo entonces una comprobación y advirtió de que ni había sido aprobada por el Gobierno ni figuraba entre sus previsiones, como ratificó al día siguiente el Ministerio de Justicia.

La ubicación de la nueva sala de asuntos económicos sigue en el aire
La renuncia del juzgado de Familia comprometido para Vigo se hizo a cambio de un Juzgado de lo Mercantil provincial, cuya ubicación está todavía en el aire. Aunque Vigo reclama desde hace años dicha sala, las dos existentes han sido creadas en Pontevedra, que no renuncia a este tercer juzgado de nueva creación. La dotación, pese a las promesas políticas, no está garantizada en Vigo, puesto que quien tiene que emitir un informe es el Consejo General del Poder Judicial y el presidente de la Audiencia pontevedresa adelantó en su toma de posesión que debía crearse en la capital de la provincia.

Reforma de Ley, o aplicación del ejemplo de Elche
La tercera sala de lo Mercantil en la provincia de Pontevedra tendrá que entrar en funcionamiento antes de que finalice este año. Para evitar sorpresas como ocurrió con los dos juzgados anteriores, –se crearon con intención de ubicarlos en Vigo y acabaron en Pontevedra–, el PP exige al Gobierno que reforme la Ley de Demarcación y Planta a fin de garantizar su ubicación en la ciudad olívica.
El juez decano, Jaime Bardají, considera que no es necesario y pone el ejemplo del creado recientemente en Elche, una ciudad que tampoco es capital de provincia.