La Fiscalía indaga si unas obras sin señalizar merecen cárcel por provocar un accidente

MARTA FONTÁN A partir de ahora los conductores no serán los únicos que tendrán que responder en el banquillo de los acusados por los delitos de tráfico. La Fiscalía de Vigo ya investiga el primer caso penal por un accidente causado presuntamente por unas obras en la calzada que no estaban señalizadas con la suficiente antelación. Una "omisión" que según las primeras indagaciones supuso un riesgo para la circulación y que acabó con un conductor herido, ya que el hombre se encontró de repente con la vía cortada por unas vallas y acabó chocando contra la fachada de una casa al intentar esquivarlas. Un juzgado archivó la denuncia presentada por el afectado, pero el fiscal ve indicios de delito en la actuación de la empresa responsable de las obras y hoy mismo recurrirá la decisión de esta sala para que el asunto se siga por la vía penal.

Este caso es el primero que se investiga en Vigo y en el resto de la provincia tras la decisión de la Fiscalía de comenzar a aplicar el artículo 385 del Código Penal, en el que se establecen penas de prisión para responsables de administraciones titulares de las carreteras, concesionarias o cualquier otro colectivo o persona responsables de que el estado de la carretera o los obstáculos que haya en la misma supongan un grave riesgo para los automovilistas. En este siniestro, ocurrido en enero en la zona de Porriño, un atestado realizado por la Guardia Civil de Tráfico indica que las obras no estaban señaladas con la suficiente antelación para que el conductor pudiese reaccionar. El único aviso de que la vía se encontraba cortada estaba ya en las propias vallas.

Por este motivo, la Fiscalía ve indicios de delito. Tras recibir las diligencias previas sobre este asunto, solicitará que se siga adelante con el procedimiento. Una de sus primeras actuaciones será la de citar a declarar como "posible responsable del delito" al gerente de la empresa que estaba realizando las obras. También indagará si se trata de una firma que hacía los trabajos para algún ayuntamiento del partido judicial de Porriño, porque en este caso el Concello correspondiente, si se concluye finalmente que existe un delito, podría responder como responsable civil subsidiario.