ELENA OCAMPO
"El administrador me dijo que me vaya a una residencia. Señorita, ¿podrá denunciarme si digo esto?". Así habla una anciana desesperada. Tiene clavos en sus piernas moradas porque se rompió una rótula. Se cayó por las escaleras del edificio y en el baño de su casa. En las primeras, no hay luz. Tiene que orientarse a tientas para llegar hasta el primer piso, con una muleta. En el aseo de su casa el suelo está tan abombado que el firme es irregular. Y también allí tuvo un golpe. Aún así, Rosa Pérez, con 75 años, tiene un cariño inusitado a la que considera su casa: una buhardilla que su padre alquiló en 1944 por 250 pesetas.
Un dossier fotográfico muestra otros desperfectos del interior de la vivienda: grietas, humedades... Muebles tapados para que no se mojen. Algunos de los detalles que describe y que no se atreve a enseñar, por la vergüenza que conservan las personas de su generación ante la falta de pulcritud en las cosas íntimas.
"Me veo en un laberinto. Estoy agobiada, estresada; una no se puede imaginar qué es esto hasta que lo pasa. No hay derecho a sentirse así al final de una vida", aprieta fuerte las manos. Es una mujer lúcida. Enseña un post-it en el que alguien ha escrito el número gratuito de teléfono en caso de acoso: "Claro que me han presionado, ¿usted cree que se puede vivir así?". Uno de sus confesores, "Manolo", asegura que éste ya es el segundo juicio: "El primero ya fue con intención de echarla. Pueden pasar años en obras... ¿y dónde va a vivir ella?", señala, "además, ese edificio estaba en venta, ¿quién va a comprarlo con inquilinos?", se preguntan.
Rosa Pérez se queja de la falta de atención prestada en el juicio, en el que fue asistida por una letrada de oficio. El edificio pasó la inspección municipal (ITE) hace años y, en base a los informes de los inspectores, el Concello requirió a los propietarios que realicen las reformas para mantener el edificio en las condiciones correctas.
Los allegados se preguntan por qué no se fija un lugar en donde la anciana pueda ser realojada. Cuando es el Consorcio del Casco Vello quien adquiere el edificio para su rehabilitación, los inquilinos son reubicados en pisos, recuerdan. Y recuerda la ley LAU, de 1995, en la que se dice claramente que los propietarios deben de encargarse de realojar a los inquilinos en caso de reforma. También, que esta zona está incluida dentro de la del proyecto de tanteo y retracto.
Los pocos vecinos que conocen el caso se preguntan quién cumple con la obligación moral hacia las personas de rentas bajas que se ven obligados a irse en la última época de sus vidas. Y piden una respuesta de las instituciones.