Una juez desaloja a una mujer que vivió 65 años en un piso de alquiler para que se reforme el edificio

E. OCAMPO ¿Vale más el estado del edificio o el de la persona que habita dentro? Con esta pregunta reciben los vecinos de la septuagenaria Rosa Pérez, la inquilina de un edificio de la calle Travesía del Cónsul, en el Casco Vello, la última sentencia, contra la que ya no cabe ningún recurso: la juez ordena el desalojo en el plazo de un mes del inmueble –en el que habita desde que era una niña– y le obliga a que retire todas sus pertenencias, con el objeto de que los propietarios realicen las obras de reforma autorizadas por el Ayuntamiento de Vigo.
De lo contrario, procederán al desahucio ("lanzamiento"), y también le impone a la inquilina el coste de las tasas judiciales y da por finalizado el contrato de arrendamiento. Sin embargo, no consta ningún realojo para el tiempo que dure la rehabilitación del inmueble, al que obliga el Concello. La sentencia del 27 de marzo, correspondiente a un recurso presentada por la inquilina en enero, le fue notificada a finales de abril. El próximo día 29 de mayo terminará la cuenta atrás del desalojo.
Esta decisión judicial ha supuesto para la inquilina, Rosa Pérez, un varapalo, tanto por su situación personal –es viuda, sin hijos ni hermanos– como por la económica, ya que percibe una pensión de 500 euros. En el inmueble sólo habitan actualmente dos inquilinas, según vecinos del Casco Vello. La afectada paga una renta antigua y bajísima (las mensualidades son de menos de veinte euros), pero dice que nunca antes arreglaron su vivienda.
"¿Por qué no se fija un tiempo máximo para que los dueños realicen las obras, si sólo son para cambiar la escalera?", se pregunta Rosa Pérez, acompañada de un hostelero próximo a su casa que se ha convertido en los últimos años en su confidente. Ambos temen, al igual que los vecinos de la zona, que detrás de la rehabilitación se esconda una "estrategia para echar a la inquilina" de un tercer piso del que su padre firmó el primer contrato en 1944 (según enseña en una copia plastificada del documento). En el Consorcio confirman que la propietaria del inmueble de la Travesía del Cónsul es la misma que la del edificio donde se ubica el Arco de Quirós y donde se decidió judicialmente el desalojo de los vecinos, tras declararse ruinoso el edificio.
¿Qué va a hacer después? La inquilina asegura que aún no sabe qué sucederá tras el 29 de mayo. Se dirigió a las trabajadoras sociales para pedir una prórroga a la fecha fijada para el desalojo.