El Concello sólo dispondrá de uno de los dos informes externos que solicitó sobre la adaptación a la legalidad de la urbanización O Piricoto, en Castrelos, y cumplir así lo solicitado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Los responsables de la Escuela de Arquitectura de A Coruña -uno de los organismos a los que se les había remitido una carta desde la Gerencia de Urbanismo- rechazaron la petición.
La comunicación llegó ayer mismo al Concello, y en ella se hacía constar que se había recibido la solicitud pero que se declinaba participar en el proceso, según informaron fuentes municipales.
De esta forma, al gobierno local sólo le queda la alternativa del Colegio de Arquitectos de Galicia, el segundo organismo al que se había pedido colaboración. La junta directiva del colegio, en su reunión de esta semana, sí aceptó la solicitud municipal y decidió iniciar el proceso para seleccionar a uno de sus colegiados para que realice el informe pedido.
La solicitud municipal, cursada el pasado día 7 y firmada por el concejal de Urbanismo José Mariño, consistía en que un técnico designado por cada uno de los dos organismos emitiese un informe mediante el cual se supiese cómo se puede adaptar a la legalidad la urbanización, es decir, qué tipo de actuaciones son necesarias a tal fin, considerando que se deberían realizar derribos parciales en determinadas zonas de los edificios.
Proceso
Pese a que el Colegio de Arquitectos inició el proceso de selección de uno de sus miembros para que se encargue de la redacción del informe, el mismo no estaría disponible hasta el verano, habida cuenta de los trámites que son necesarios por parte del colectivo, según sus estatutos.
Fuentes municipales indicaron que por el momento disponen de margen temporal para recibir el informe y remitírselo al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a fin de que evalúe si las medidas que contenga el documento son válidas para que los edificios se adapten a la normativa ambiental y paisajística, que es lo que incumple, según el fallo judicial.
La decisión de pedir estos informes surgió para evitar la posibilidad de que una ejecución de la sentencias supusiese un derribo completo de los edificios que forman parte de la urbanización de la Colina de Castrelos.
