Su futuro se truncó hace dos años, cuando acudió a la consulta privada de un traumatólogo vigués con dolores en la espalda. El facultativo, que ostenta un cargo de responsabilidad en el Sergas, le inyectó un corticosteroide de forma presuntamente negligente y, desde entonces, Ana María C.L., natural de Ponteareas, apenas puede moverse por sí misma debido a las graves secuelas que padece y ningún experto le ofrece perspectivas de mejorar.

El juzgado de lo Social Número Dos acaba de concederle la incapacidad absoluta a sus 25 años al dar por probadas sus lesiones, entre otras, cefalea por hipotensión intracraneal, meningitis química aséptica, movimientos anormales tipo temblor y dificultad para ponerse en pie o estar sentada de manera prolongada.

El caso lo ha llevado el abogado de Defensor del Paciente en Galicia, Cipriano Castreje. “La sentencia define y consolida el daño causado. El juez menciona que pudo percibir el drama personalmente. Ahora la justicia debe decidir si el médico ha sido el causante de los daños y, para ello, presentaremos una querella criminal o una demanda civil por daños y prejuicios que estará lista en mayo”, explica.

Castreje destaca la celeridad del titular del juzgado, Germán María Serrano, quien dictó sentencia al día siguiente de celebrarse el juicio, el pasado 22 de marzo. “Esta rapidez extremadamente inusual ha sido fundamental, independientemente de que la decisión sea favorable o no”, aplaude el abogado.

Ana María tuvo que abandonar su trabajo de administrativa en la Universidad de Vigo después de que el traumatólogo le inyectase Trigon Depot en el canal espinal en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Este corticosteroide tiene un intenso efecto antiinflamatorio, que sólo puede ser administrado por vía intramuscular o intraarticular.

La joven comenzó a sentir los efectos “de forma inmediata” y éstos se fueron agravando. En la actualidad, vive con sus padres y acude a rehabilitación, aunque ningún médico le ha ofrecido posibilidades de mejorar.

Se da la circunstancia de que el presunto negligente ocupa un cargo en el Complejo Hospitalario vigués, hecho al que Defensor del Paciente atribuye las numerosas “dificultades” que se ha encontrado.