Hace algo más de un año, el Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC) estrenaba su capacidad sancionadora con una elevada multa de 600.000 euros por pactar precios contra la Asociación de Autoescuelas de Pontevedra y cincuenta centros de educación vial del área de Vigo, prácticamente todos los que realizan sus exámenes prácticos en la ciudad. El organismo dependiente de la Consellería de Economía tenía entonces sospechas de que la concertación de tarifas podría extenderse a todas las academias de la provincia y ordenó una segunda investigación que acaba de finalizar. La conclusión es que no existe ninguna conducta contra el libre mercado más allá de la que ya se recogió en la resolución anterior, por lo que archiva el expediente.
Del análisis del sector en los últimos meses se encargó el Servicio Galego de Defensa da Competencia (SGDC), que solicitó a la Jefatura de Tráfico de Pontevedra una lista con todas las autoescuelas de la provincia que hacían sus exámenes en la capital y, por supuesto, los datos de sus dueños. Los inspectores remitieron a cada uno de los centros un formulario para comprobar sus tarifas y la posibilidad de que incluyeran alegaciones. Con la información que recibió, el SGDC no apreció “una identidad de precios que afectara a un volumen sustancial de autoescuelas” y solicitó al Tribunal que archivara el expediente.
Más datos
El debate sobre la petición del Servizo da Competencia llegó al seno del TGDC el 30 de julio del pasado año. Los datos no eran suficientes. Ni tampoco estaba claro que las comunicaciones de las academias fueran “veraces”, lo que, según el Tribunal, “no permitía tener una idea inequívoca sobre la existencia o no de indicios de prácticas anticompetitivas en este caso”. Así que a la demanda de archivo se contestó con una nueva petición de indagaciones con “información adicional” sobre “un conjunto de autoescuelas” ubicadas en las comarcas de Pontevedra y Morrazo.
En la segunda fase de la investigación, el SGDC elaboró cuadros de precios para cada año, tanto de la matriculación y los derechos para el examen teórico -incluidos los gastos de gestión del expediente- como de las tarifas de las prácticas. En el primer caso, según el Tribunal, “no existe una coincidencia general” en los precios, con la excepción de las academias que tienen el mismo dueño. En el caso de las clases prácticas, “las variaciones son menores” y se corresponden con los centros que comparten responsable y “en algunos casos adicionales” que no llegan a ser los mismos durante los tres años revisados.
Con todos los análisis realizados, la opinión del TGDC es clara. No existe “una coincidencia general de precios” de los servicios contratados para sacar el carné entre “las diversas autoescuelas independientes” y cuando las coincidencias se producen “no son permanentes”. Por eso, el Tribunal opta por cerrar la investigación y dejar sólo la sanción a los 50 centros identificados en enero del pasado año.
Sanciones de más de 3.000 euros pendientes aún de cobrar
A los centros sancionados, evidentemente, no les gustó nada la resolución del TGDC. Desde el primer momento, cuando se conoció la apertura del expediente con la que se inició la primera investigación, el sector defendió su inocencia y aseguraba que el precio lo marcaba el mercado. De hecho, la intención de la Asociación Provincial de Autoescuelas era recurrir la decisión. Uno de los principales problemas que se encontró Competencia para hacer efectiva la condena fue dar con todos los propietarios de los centros y durante 2008 muchas de las notificaciones se devolvieron porque el domicilio que figuraba en las cartas se desconocía. A finales del pasado año sólo un tercio de las multas habían sido abonadas y, según fuentes del TGDC, los números se mantienen más o menos igual.
La cuantía de las multas oscilan entre los 3.000 y los 75.000 euros, la correspondiente a la patronal de los centros en la provincia. La Consellería de Economía estaba investigando por qué los pagos no se estaban efectuando como paso previo al embargo de bienes.
