El Tribunal de Cuentas deja una vía a que Zona Franca pague la ETEA aunque desaconseja ese tipo de gastos

Dictamina que no debe asumir "obras de interés general" aunque admite que en algunos casos podría hacerlo a cambio de compensaciones

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El Tribunal de Cuentas deja una vía a que Zona Franca pague la ETEA aunque desaconseja ese tipo de gastos
El Tribunal de Cuentas deja una vía a que Zona Franca pague la ETEA aunque desaconseja ese tipo de gastos 

M. LÓPEZ El informe definitivo del Tribunal de Cuentas que esperaba Zona Franca para pronunciarse sobre si puede costear o no la reforma de la ETEA ya está finalizado. El documento contempla que el organismo estatal “no debería realizar a su cargo y para su entrega a otras entidades públicas obras de interés general no relacionadas con el cumplimiento de los objetivos establecidos en los Estatutos del Consorcio”.

Pese a todo, el órgano fiscalizador no descarta que la entidad que dirige ahora Teresa Pisano asuma trabajos como la reparación de las instalaciones de Teis, siempre y cuando “tengan una vinculación parcial con los fines del Consorcio”. En este caso, la compensación debería fijarse a través de un convenio. Según un informe municipal, los Estatutos fueron modificados a finales de los años noventa y su artículo 5 reza que además de la propia explotación de Zona Franca, ésta “podrá promover, gestionar directamente o asociada con otros organismos los bienes integrantes de su patrimonio con el fin de contribuir al desarrollo y dinamización económica y social de su área de influencia”. Sin embargo, el Tribunal reitera que la realización de obras públicas de interés general “no está contemplada entre los objetivos señalados para el Consorcio en sus estatutos”.

El informe de fiscalización, aprobado en el Pleno del Tribunal de Cuentas del pasado 26 de marzo, todavía no ha llegado a manos de los técnicos de Zona Franca, que deberán evaluarlo y estudiarlo. De ese estudio saldrá una conclusión sobre si el Consorcio asume o no la reparación de las instalaciones deportivas de la ETEA. La Zona Franca había condicionado cualquier decisión en ese sentido al contenido del informe del Tribunal de Cuentas.

Conclusiones

Una de las conclusiones del documento que más llama la atención se centra en que los gastos por cesiones de obras ya rematadas a otras entidades públicas han sido “la principal causa” de las pérdidas que ha tenido el Consorcio entre 2002 y 2006, periodo que abarca la fiscalización de las cuentas.

En estos ejercicios, cuando Pablo Egerique primero(hasta 2004), y luego López Peña estuvieron al frente de Zona Franca, los gastos superaron a los ingresos, teniendo como consecuencia pérdidas que superan los 22 millones de euros desde 2003 a 2006. No obstante, a 31 de diciembre del citado año, el organismo estatal mantenía un importante volumen de fondos propios, concretamente 304 millones de euros.

El coste total de las obras entregadas de forma gratuita al Concello era de 34,2 millones de euros a finales de 2006. Entre estos proyectos figuraban la “Conexión Areal-Autopista”, la reforma de Portanet, la Ronda de Vigo y la remodelación de la Praza de O Berbés. Por su parte, la Xunta se benefició con más de 29 millones al cederle la entidad que dirige Pisano las obras ya rematadas del Museo del Mar y el enlace del polígono de Balaídos con el segundo cinturón.

En cuanto al Puerto, los trabajos de relleno en Bouzas y la ampliación de la terminal de Transbordadores (por importe de 4,8 y 19,1 millones respectivamente) se fueron compensando con los cánones que el Consorcio debía pagar a la Autoridad Portuaria por las diversas concesiones que tiene en terrenos del Puerto, según figura en el informe del Tribunal de Cuentas. En este sentido, el órgano fiscalizador destaca el cumplimiento de la entidad portuaria, aunque al término del año 2006 adeudaba al Consorcio 7,5 millones de euros.

Pese al informe del secretario municipal donde consta que “la actividad de fomento y la dinamización económica y social de la ciudad de Vigo son finalidades inherentes a Zona Franca”, el Tribunal matiza que la financiación y cesión gratuita de obras de interés general “puede ir en detrimento del desarrollo de sus actividades” y que pueden considerarse “actividades atípicas” en relación con el objeto primordial de la entidad. Los convenios de cooperación suscritos de Zona Franca con otras entidades “deberían estar orientados al desarrollo de sus propias actividades de forma directa”.

RECOMENDACIONES

He aquí las tres recomendaciones finales que el Tribunal de Cuentas traslada a Zona Franca para que mejore su gestión. Entre otras cosas, se trata de que los convenios de cooperación estén vinculados al desarrollo de las actividades del Consorcio de forma directa.

Primera:

“El Consorcio debería adoptar las medidas precisas para que en el desarrollo de su actividad de promoción de polígonos, venta de suelo y naves industriales no se realicen operaciones que supongan la aceptación de precios inferiores a los de su coste o a los de mercado, como en algunos casos ha sucedido en periodos anteriores”.

Segunda:

“El Consorcio no debería realizar a su cargo y para su entrega a otras Entidades Públicas obras de interés general no relacionadas con el cumplimiento de los objetivos establecidos en los Estatutos del Consorcio. En todo caso cuando obras de esta índole puedan tener una vinculación parcial con los fines del Consorcio, debería establecerse mediante convenio la compensación que éste ha de percibir en función del beneficio que la obra aporte al Consorcio.

Tercera:

“Es conveniente que el Consorcio continúe y profundice la labor de control de sus gastos de explotación desarrollada en los ejercicios de 2004 a 2006, de modo particular en cuanto a los que no resultan directamente relacionados con los objetivos del Consorcio”.

Venta de suelo industrial a un precio inferior al de coste

La principal fuente de ingresos de Zona Franca procede de las ventas de suelo en los polígonos industriales de su propiedad, de los arrendamientos de suelo o de superficies y naves industriales, así como de los cánones de producción y del recurso financiero aportado por el Estado (participación en el Impuesto de Sociedades de las empresas instaladas en la zona del Consorcio). Los ingresos de explotación en el periodo analizado por el Tribunal de Cuentas muestran una evolución decreciente. El órgano fiscalizador aconseja al organismo estatal que “adopte medidas” para que en el desarrollo de su actividad de promoción de polígonos, venta de suelo y naves industriales, no se realicen operaciones que supongan la aceptación de precios inferiores a los de su coste o a los de mercado, como se ha producido en algunos casos. Uno de ellos lo protagoniza el Parque Tecnológico de Vigo.

El Tribunal considera que aunque la promoción de este parque puede definirse como un “éxito” en cuanto al logro de su objetivo principal, que no era otro que la facilitación de suelo industrial en condiciones óptimas (tanto de precio como de servicios) para atraer industrias y actividades generadoras de empleo y riqueza, “sería conveniente que tratase de lograr esa meta procurando que los precios de venta al menos cubriesen los costes”. Además, la cuantía que supusieron las obras de urbanización del polígono superó en más de un 54% el importe inicialmente previsto y contratado. Con estos datos que maneja el Tribunal de Cuentas, éste entiende que las cifras “ponen de manifiesto la existencia de fallos y deficiencias en la planificación del desarrollo de la promoción. En 2006, el Consorcio había invertido más de 35 millones entre el Porto do Molle, la PLISAN, el Parque Tecnológico de Vigo, el Polígono Moaña-Marín, y el Parque Empresarial del Morrazo (cancelado).

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