Efectos de las condenas urbanísticas

Caballero abre la puerta para salvar el derribo de Jacinto Benavente

El regidor local asume que sería la única solución para evitar el derribo de las 180 viviendas aunque no garantiza que se vaya a aceptar

 
Vista del edificio de Jacinto Benavente amenazado de derribo.
Vista del edificio de Jacinto Benavente amenazado de derribo.  José Lores
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A. BLANCO / CH. GARCÍA El edificio de Jacinto Benavente es legalizable y el proceso para evitar su derribo está ya en marcha, después de que los vecinos solicitaran hace tres meses la adaptación del inmueble al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado en agosto del año pasado. El alcalde, Abel Caballero, manifestó ayer la convicción de los técnicos municipales de que las viviendas encajan dentro de la nueva ordenación urbanística de la ciudad, lo que evitaría su derribo. Pese a la premura por el auto del Tribunal Supremo que rechazó el último intento municipal por legalizar la urbanización y evitar así su demolición, el alcalde desconoce el tiempo que tardará la Gerencia de Urbanismo en adaptar este Peri al PXOM y advierte que las garantías no son totales, pues los técnicos municipales podrían incluso negar la licencia del edificio.

El regidor local matizó además el auto del Tribunal Supremo en el que se rechaza el recurso de casación del Concello sobre la orden de derribo de las 180 viviendas ubicadas en las calles Chano Piñeiro 1, 3, 5, 7 y 9; y Coruña 76-78. “Dice que no es suficiente con que el edificio se pueda legalizar, sino que se tiene que legalizar. Por lo que los propietarios deben solicitar la licencia correspondiente”, instó Caballero sin tener constancia de que los afectados iniciaron ya este proceso hace tres meses. “En este momento no hay ninguna solicitud de licencia”, insistió el alcalde tras mantener una reunión con los técnicos municipales, que no le informaron de que el proceso había comenzado ya.

Finalizado en un mes

La comunidad de vecinos Chano Piñeiro lleva ya tres meses realizando este trámite para adaptar el edificio al PXOM y legalizar su situación urbanística. El abogado de los afectados asegura que la licencia de legalización está ya en marcha y estima que dentro de un mes estará finalizado todo el proceso, pendiente tan sólo de entregar a la Gerencia de Urbanismo el proyecto constructivo para que el inmueble se adapte y legalice conforme al nuevo PXOM. “El edificio está perfectamente legalizado; sólo falta el último trámite”, asegura el responsable legal de los afectados.

Pese a que el regidor local y los vecinos del inmueble de Jacinto Benavente están convencidos de que la adaptación del edificio a la nueva ordenación urbanística de la ciudad evitará la demolición del inmueble, el documento todavía deberá contar con el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). “Una vez que se presente el proyecto constructivo se analizará la posibilidad de otorgar la licencia y, en caso afirmativo, se planteará el incidente de inejecución al Tribunal Superior de Xustiza”, explican fuentes municipales.

Caballero recuerda que todavía no hay orden de derribo sobre las 180 viviendas de Jacinto Benavente, pero asume que llegará “en cuestión de meses” y desconoce si los recurrentes solicitarán la ejecución de la sentencia.

Situación “muy grave”

Los técnicos municipales estiman en 50 millones de euros el coste al que tendría que hacer frente el Concello para indemnizar a los vecinos del inmueble en caso de que finalmente se tuviera que ejecutar su derribo. “¿De dónde saca el Ayuntamiento ese dinero?; es una situación muy grave”, advierte Caballero quien asegura entender la “angustia” que están pasando los vecinos, pero les recuerda que su situación “ahora no depende de decisiones políticas, sino jurídicas”.

Los afectados, por su parte, se reunirán el lunes de la semana que viene para tratar este asunto y estudiar si recurrirán ante el Tribunal Constitucional o el de Estrasburgo la resolución del Tribunal Supremo.

El alcalde tacha de “calamitosa” la situación y exige responsabilidades

“No se puede continuar otorgando licencias urbanísticas y dejar su legalización en manos del Gobierno siguiente”, advierte el alcalde, Abel Caballero, que exige que se comiencen a asumir responsabilidades por los casos de irregularidades urbanísticas en la ciudad como el de Jacinto Benavente.

“Este caso es una muestra más de la catastrófica situación urbanística que heredamos; alguien de los Gobierno anteriores tiene que empezar a asumir responsabilidades, sea cual sea su color político”, instó Caballero al tiempo que tachó de “calamitosa” la situación de Jacinto Benavente. “Un Gobierno pone el recurso sobre la licencia que otorgó otro y en base al Peri al que dio el visto bueno una corporación diferente”, ejemplificó el alcalde.

El regidor local lamenta la “absoluta incapacidad” de los anteriores Gobiernos municipales para abordar estas ilegalidades urbanísticas y asegura que apuesta por un “urbanismo pulcro” y lamenta estar pagando “los gravísimos problemas de otras corporaciones”.

Figueroa culpa de las sentencias a los gobiernos socialistas

El portavoz del Partido Popular y concejal de Urbanismo durante el anterior mandato, José Manuel Figueroa, responsabiliza al partido socialista de la “inseguridad jurídica” en la que están inmersos edificios como el de Jacinto Benavente, la colina de Castrelos, la torres Ifer (García Barbón) o los apartoteles de Samil, entre otros. “Es una muestra más del fracaso del modelo urbanístico del PSOE”, asegura.

El concejal popular recuerda que todos los planes generales de la ciudad “fueron aprobados por gobiernos socialistas” e insta que asuman las responsabilidades “aquellos que los validaron”. Respecto al derribo de edificios, Figueroa apela a buscar “todas las soluciones posibles” para evitarlos.

Un enrevesado proceso administrativo

El proceso emprendido por la representación legal de los propietarios del inmueble de Jacinto Benavente tiene todavía un camino complicado y tortuoso, sobre todo desde el punto de vista administrativo. La presentación de la solicitud de licencia, realizada hace ya tres meses, es un primer paso para iniciar toda la andadura. Pese a que técnicos de Urbanismo ya han comenzado el estudio de la documentación que acompañaba a esa solicitud, aún queda por presentar el proyecto constructivo, es decir el verdadero eslabón por el que toda la actuación se integraría en las directrices que marca el nuevo Plan Xeral.

Ese documento será el que permita, de forma oficial, a los técnicos municipales indagar en la petición de licencia y, al final, si se le concede o no el ansiado permiso. Un trámite que puede llevar meses, pero que puede verse interrumpido por el camino si antes hay un nuevo auto judicial exigiendo la ejecución de la sentencia.

En el mejor de los casos, si todo sigue su curso y el Concello otorga la licencia, con posterioridad habrá de tramitar, ante los tribunales, una declaración de “inejecutabilidad” de las sentencias, toda vez que se considera ya ajustado a la norma urbanística en vigor. Ese proceso podría demorarse meses, antes de que, en caso de decretarse, los propietarios de los pisos pudiesen verse libres de las cargas judiciales por primera vez desde hace más de una década.

Mientras, los propietarios mantendrán una reunión de comunidad el próximo lunes, a fin de evaluar la marcha de los acontecimientos tras el pronunciamiento del Supremo.

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