El alcalde de Vigo, Abel Caballero, confirmó hoy que el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación del Ayuntamiento para evitar el derribo de un edificio ilegal en la calle Jacinto Benavente y que, de ejecutarse la demolición, la Administración local se enfrentaría al pago de indemnizaciones por valor de unos 50 millones de euros.

Así lo explicó hoy el regidor en rueda de prensa, en la que enmarcó esa sentencia en la "situación urbanística catastrófica" que heredó el actual Gobierno municipal. A ese respecto, recordó que el recurso de casación fue presentado en abril de 2007 --con el PP en la alcaldía-- para evitar el derribo del edificio, cuya sentencia fue declarada ilegal en 1.996 --cuando también gobernaban los populares-- porque el PERI sobre el que se desarrolló también fue declarado ilegal.

Tras la última sentencia del Supremo, Caballero advirtió de que la orden de derribo llegará "en un plazo breve" y que incluso los denunciantes pueden exigir la ejecución de la sentencia de demolición. Además, advirtió de que, en caso de que culmine ese proceso, además de las "graves consecuencias" para los 180 vecinos afectados, el Ayuntamiento vigués se enfrentaría al pago de indemnizaciones por valor de unos 50 millones de euros.

Según Abel Caballero, para legalizar la situación de dicho inmueble, es preciso que los propietarios soliciten una nueva licencia --que los técnicos municipales deberán estudiar-- conforme con el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), ya que mientras tanto, "sigue vigente la sentencia de derribo". En todo caso, confirmó que, a día de hoy, no hay ninguna solicitud de licencia en el Ayuntamiento.

RESPONSABILIDADES POLITICAS

El alcalde pidió a quienes otorgaron las licencias que asuman "responsabilidades de todo tenor", y pidió que no se hicieran "interpretaciones interesadas" de la última resolución del Supremo, ya que este tribunal "dice que hasta que no haya licencia el edificio es ilegal, pero no dice que no pueda existir una licencia".

Abel Caballero lamentó la "absoluta incapacidad" de anteriores Gobiernos municipales para hacer frente a esta situación, y criticó que hubiera dirigentes en el Ayuntamiento que "tomaron las decisiones que no tuvieron que tomar", al tiempo que insistió en que el actual Ejecutivo local apuesta por un "urbanismo pulcro" conforme a la legalidad.