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CH. G. La financiación de las reformas necesarias en las instalaciones deportivas de la ETEA sigue en el alero. El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, se aferró ayer a la literalidad del convenio suscrito entre Zona Franca y gobierno local para eludir el compromiso del pago de los arreglos por parte del Consorcio, que depende directamente de su departamento ministerial. No obstante, sí dejó un resquicio a algún tipo de acuerdo, pero nunca dentro del convenio.
Solbes calificó de “incompatible” con el convenio aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 6 de febrero, cualquier cuestión que no sea la entrega de las instalaciones de la ETEA tal como estaban en el momento de la cesión. La respuesta del vicepresidente se produjo en el Pleno del Congreso, a preguntas de la diputada nacionalista Olaia Fernández.
“El Gobierno, a través de Zona Franca, debe asumir exactamente las obligaciones a las que se ha comprometido, que fueron la transmisión de 11.115 metros cuadrados de los terrenos e instalaciones que conforman el ámbito de la ETEA, en el estado en que se encuentran. Ninguna otra obligación a cargo del Consorcio ha sido establecida en ese convenio”, fue la respuesta literal de Solbes a la pregunta de la diputada del BNG sobre el arreglo de las instalaciones deportivas.
Fernández, en la réplica, recordó al vicepresidente que el Concello vigués ya había solicitado la transferencia de dichas instalaciones a Zona Franca y que el organismo estatal no había aceptado, por lo que dichas instalaciones –polideportivo, piscina cubierta y campos de juego– se fueron deteriorando por la falta de uso y mantenimiento. En ese sentido, Olaia Fernández reclamó “una responsabilidad clara” de la Zona Franca” en el estado en están las distintas dependencias deportivas del complejo.
Tras insistir en que el Consorcio debe actuar como agencia de desarrollo local en la ciudad, “canalizando inversiones para generación de empleo” , la diputada del BNG hizo referencia al acuerdo adoptado en el último comité ejecutivo de la Zona Franca, cuando los representantes del gobierno municipal insistieron en que se buscase una fórmula para que el ente se hiciese cargo de dichas reparaciones. En aquella sesión se esgrimió un informe provisional del Tribunal de Cuentas para eludir un compromiso por parte del Consorcio, hecho en que también insistió la diputada nacionalista.
Fue entonces, en la contrarréplica, cuando el vicepresidente dejó entrever un atisbo de solución, aunque siempre fuera del marco jurídico del convenio. “Es una idea que se puede plantear, pero que no es compatible con la autorización otorgada por el Gobierno en febrero. Por tanto hablamos de planteamientos diferentes. Los argumentos expuestos por la diputada son discutibles, pero evidentemente la posibilidad de analizar la demanda se puede llevar a cabo. En todo caso, cualquier análisis de demanda que se realice debe tener en consideración el coste que supone para el Estado y lo que eso significa”, concluyó el vicepresidente del Gobierno.
Los miembros del comité ejecutivo de Zona Franca, a excepción de los representantes municipales, tomaron la decisión de posponer cualquier análisis de la financiación de las reformas en la ETEA a recibir el documento definitivo del Tribunal de Cuentas. Mientras, las instalaciones siguen si poder utilizarse por los ciudadanos.
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