Fue víctima de una injusticia y ahora lucha para que el Estado lo indemnice por la pesadilla que tuvo que vivir. José Antonio Luengo, un ex guardia civil de 34 años natural de Verín pero vecino de Vigo, fue acusado en 2002 de un crimen que no cometió: pasó seis meses en prisión por la muerte violenta de un vagabundo en un descampado de Barcelona hasta que las pruebas de ADN descartaron su implicación en aquel homicidio. El Ministerio de Justicia le denegó ya dos veces la indemnización de 30.000 euros que demanda alegando que presentó la solicitud fuera de plazo, por lo que ahora ha llevado esta reclamación a la vía judicial, con un recurso ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid. Y no es su única batalla en los tribunales: mientras estaba en la cárcel y en situación de baja médica fue expulsado de la Guardia Civil, por lo que ahora demanda su readmisión.

Luengo ingresó en la Benemérita en 1992, con 17 años. Los comienzos fueron buenos: estuvo destinado primero en Palma de Mallorca, agregado al Palacio de Marivent, y después en Barcelona, en el aeropuerto de El Prat. Pero el suicidio de un compañero lo sumió en una depresión de la que, por otros acontecimientos negativos en su vida, ya no logró recuperarse. Con 27 años, relata, le ordenaron regresar a su destino en Palma. Pero ya no llegó allí: cogió un tren hasta Barcelona para ir desde allí en barco a Mallorca, pero en la Ciudad Condal la enfermedad pudo con él y estuvo ocho meses viviendo en la calle: "No era dueño de mí; no era consciente de nada".

Fue en esa época -en concreto, en 2002- cuando un vagabundo murió en Barcelona por una paliza. Por este crimen fueron detenidos José Antonio y un ciudadano marroquí. De nada le valió clamar su inocencia: estuvo unos días en La Modelo, hasta que fue derivado a otro penal con un módulo para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Un indigente lo había incriminado. "Era imposible que lo matara, vivía a tres kilómetros de allí; pero encontraron una mancha de sangre en mi ropa y un palo con un pelo", cuenta. El ADN, agrega, demostró que la sangre era suya, no del muerto, y que el pelo pertenecía a un perro. Tras seis meses encarcelado, logró la libertad. El caso no se archivaría hasta un año después. Ahora lucha para que lo indemnicen.