Las principales zonas de botellón tienen los días contados. Por primera vez en Vigo una ordenanza regulará este conflictivo fenómeno social. La norma ya cuenta con la aprobación de la Corporación Municipal, que le dio ayer el visto bueno con los votos favorables de PSOE_y BNG y la abstención del Partido Popular. El veto afectará desde marzo a Joaquín Loriga, Berbés, Churruca y Montero Ríos, pero la prohibición irá más allá de estos enclaves. Las concentraciones masivas de personas tampoco estarán permitidas en el entorno de estas cuatro zonas. "El veto afectará también a las calles colindantes", advierte el concejal de Tráfico y Seguridad, Xulio Calviño.
La normativa, pionera en la ciudad, persigue conciliar el ocio nocturno con el derecho al descanso de los vecinos. Por este motivo, el Concello vetará el botellón en estos cuatro lugares nada más aprobar la ordenanza. A partir de ese momento la prohibición podría extenderse a más enclaves. El consumo de alcohol no será la única causa para declarar zonas protegidas. "Se vetará la permanencia y concentración de personas en espacios abiertos y consumiendo bebidas de cualquier tipo cuando se altere la convivencia ciudadana", explica Calviño.
El edil socialista mostró ayer uno de los carteles que se colocarán en las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS). El letrero, de color rojo, llevará la leyenda de "Zona Protegida" y un plano de situación en el que se mostrará donde estará prohibido practicar botellón. En el ejemplo exhibido por Calviño -del entorno de Joaquín Loriga- se refleja también un tramo de la calle Ecuador, Fisterra, Panamá e incluso Simón Bolívar. El edil socialista matizó que el cartel es "orientativo", pero confirma que el veto se extenderá a las calles colindantes de las zonas más afectadas. "Es una herramienta para seguir avanzando", destacó la concejala de Igualdade, Iolanda Veloso, quien anunció que ya se está trabajando en "alternativas de ocio".
Sanciones
La nueva ordenanza no sólo prohibirá el botellón. Los actos vandálicos también están recogidos en la norma. Destrozar el mobiliario urbano, realizar necesidades fisiológicas en la calle, bañarse en fuentes públicas o timbrar indiscriminadamente en pisos estará penado con multas de entre 750 y 3.000 euros.
Tras el periodo de exposición pública y alegaciones, la ordenanza volverá a ser sometida a votación en el pleno del mes de febrero y entrará en vigor, previsiblemente, en marzo. El Partido Popular optó por abstenerse en la votación inicial al detectar "incoherencias técnicas" y al considerar que la ordenanza no hace más que "duplicar" normas ya existentes. "No es más que un brindis al sol", sentenció el edil popular Jorge Conde.
