Las carencias que reveló la AP-9 en el colapso de hace quince días en el norte gallego son sólo la punta del iceberg de las deficiencias que refleja la vía de peaje a su paso por Vigo. Un informe sobre Audasa elaborado por la CIG denuncia que la autopista no reúne los requisitos mínimos de mantenimiento ni señalización reglamentarios. Aseguran que la concesionaria no ha realizado inversiones en los últimos cinco años en mantenimiento del firme, ni tampoco en ampliar el número de las cabinas de peaje, a pesar de que el tráfico aumenta cada año.

Un sólo túnel con salida de emergencia, a pesar de que la mayoría son de reciente construcción; deficiente señalización en Teis y el nudo de Puxeiros o inexistente -por ejemplo la VG20 no está indicada- ; mal estado del firme, con peligro de aquaplaning, y ninguna estación de servicio abierta a partir de medianoche entre Tui y Santiago. Ésas son las constantes vitales de la infraestructura, por la que circularon 27.000 vehículos diarios de media el pasado año, según el "chequeo" que realizaron miembros de la CIG en los últimos meses. Incluso adjuntan fotografías del uso de pesticidas por parte de la concesionaria para limpiar las inmediaciones de las cunetas entre Puxeiros y Teis en octubre. Que los escasos paneles luminosos estén fuera de servicio (son claves para informar de los colapsos y que los coches puedan coger otra salida), las cabinas para el cobro del peaje registren largas colas y los polígonos industriales estén sin señalizar, son otras de las denuncias del sindicato.

Por eso, insiste en que debe de "primar el servicio público sobre el negocio y los intereses especulativos", en palabras del secretario comarcal de la CIG, Xerardo Abraldes, que pidió que la AP-9 vuelva a ser de titularidad pública garantizar su buen funcionamiento, en la misma línea de las declaraciones que hizo ayer el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana. Abraldes recordó que la concesionaria recibe cada años ocho millones de euros de la Xunta y la Administración central, a cambio de la supresión de los peajes de Rande y A Barcala.

Aunque desconocen el coste que supondría para el Gobierno la compra de la autopista, recordaron que Citi, que recientemente adquirió a Sacyr la filial Itínere (que gestiona la AP-9 y otras tres autopistas) pagó 2.400 euros.

Y se amparan en una ley de 1972 que fija los derechos y obligaciones de la concesionaria, para pedir al Gobierno que, con el reglamento en la mano, exija cumplir sus obligaciones a la concesionaria. Eso también incluiría la ampliación de Rande, que deber "ser asumida íntegramente" por la concesionaria, según el responsable comarcal del sindicato, que recordó que el Estado dispone de "legislación de su mano para obligarla a hacer la obra".

El responsable de la CIG en O Porriño, Tano Guerra, lamentó que la autovía A-55 a O Porriño, (enlace de los polígonos industriales), está colapsada con un tráfico diario de 45.000 a 50.000 vehículos, mientras que la conexión por autopista, que une Puxeiros con Tui, no registra _"ni el 10%", porque se pagan más de dos euros por catorce kilómetros. No es rentable para transporte. Considera necesario que se realice una "cuantiosísima reducción", aunque aseguran que la concesionaria se niega sistemáticamente a hacer bonos u ofertas.