El gobierno local se niega a pagar 400.000 euros en facturas acumuladas desde 2003. La concejala de Hacienda, Raquel Díaz, desveló ayer que el Concello debe esta cantidad a varias empresas que fueron contratadas por el Partido Popular y a las que no se les abonó los productos o servicios prestados. "Al igual que ellos no lo hicieron en su momento, nosotros tampoco tenemos que comprometernos a pagarlas", espetó la edil socialista.

Raquel Díaz asegura que las facturas que achaca al anterior gobierno no están firmadas por ningún concejal popular. "Tenemos tantas notificaciones de cobro tan similares que ¿cómo sé yo si no nos están metiendo un gol? Por ahora nadie las ha confirmado. Si quieren que las paguemos, que el concejal que encargó todos estos gastos que venga, firme y diga que lo hizo sin atenerse a la ley. Qué tengan la valentía y lo digan", espetó.

La concejala de Hacienda asegura que la mayoría de las facturas impagadas se corresponden con partidas de publicidad y protocolo. El Concello adeuda 80.000 euros del año 2003; 50.000 de 2004; 9.000 de 2005; 110.00 de 2006 y más de 100.000 de 2007. "Estuvieron gastando por encima de sus posibilidades y tampoco ellos abonaron las facturas atrasadas de los años que estuvieron gobernando", añadió la edil socialista.

Las últimas notificaciones que llegaron a manos del Concello y que el gobierno local achaca al Partido Popular se corresponden con la adquisición de mobiliario para el edificio del antiguo rectorado y en el que el PP, liderado por Corina Porro, estableció la Alcaldía. El gasto más cuantioso se corresponde al suministro e instalación de varias alfombras del inmueble. La factura por este servicio asciende a más de 16.000 euros.

Presupuestos

Raquel Díaz anunció también que el gobierno local desestimó las alegaciones presentadas por el Partido Popular a los presupuestos municipales para 2009. "Son una fanfarronada que demuestra su cara dura política", espetó. "No tienen coherencia ni las justifican", añadió la edil socialista. Díaz desgranó las alegaciones del PP y les reprochó que durante el mandato de Corina Porro las partidas que piden que se recorten eran mayores a las que prevé el actual gobierno bipartito.

Otra de las diez alegaciones presentadas que fue rechazada fue la de la Federación Vecinal. "Cómo era de prever, sólo hacen referencia a su convenio. Miran para sí mismos y no piden que se invierta más en barrios o parroquias. Entonces querrá decir que lo estamos haciendo bien", ironizó la concejala de Hacienda.